Mireya Zepeda Rivera
En Nicaragua durante el 2012 se reportaron 71 accidentes de tránsito a diario, dejando un saldo de 669 muertos y 5,765 lesionados, ubicándose como la principal causa de muerte en todo el territorio nacional, aun por encima de los homicidios y asesinatos, según estadísticas oficiales de la Policía Nacional.
Desde el año 2003, Nicaragua cuenta con la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito (Ley No. 431), que tiene como objetivo, entre otros, establecer el valor de las infracciones de tránsito, la regulación del tránsito peatonal, vehicular y de los semovientes. El pasado 17 de junio del corriente año la Policía Nacional presentó ante la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, una iniciativa de reforma a la Ley 431. Tomando como referencia las declaraciones del comisionado general Juan Ramón Grádiz, dichas reformas están focalizadas al incremento de las multas. Si bien, dicha medida ofrece un desincentivo para cometer infracciones de tránsito, no debería ser la única disposición para atender el problema de la accidentalidad.
A pesar de que no existen estadísticas públicas sobre el grado de incidencia de la ingesta de bebidas alcohólicas, sabemos que es una de las causas que preocupa y que se reflejan en la reforma a la ley. En la nueva clasificación se propone, además de aumentar el costo de las multas para las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol, una sanción penal de seis meses hasta un año de cárcel. Sin embargo, la respuesta para reducir los accidentes de tránsito debe ser integral, involucrando a otros actores que resultan afectados indirectamente en la ocurrencia de estos incidentes. En un estudio reciente: Accidentes de tránsito, una problemática de salud pública y su incidencia en la seguridad vial, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) abordó esta problemática desde un enfoque de salud pública, que requiere la participación de la sociedad organizada y de las instituciones públicas para avanzar en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la accidentalidad, desde los siguientes ámbitos:
Salud: un problema de salud pública se determina a partir de cuatro elementos: 1) el costo económico que implica para el sector salud la atención a pacientes por accidentes de tránsito, 2) la vulnerabilidad de las víctimas, principalmente peatones (niños, tercera edad y discapacitados), 3) la magnitud del problema, ya que la mayoría de las víctimas son personas entre los 21 y 35 años (la Población Económicamente Activa), y 4) la trascendencia de los accidentes en el ámbito familiar, laboral y estatal.
Educación: se deben promover campañas de prevención no solo para los conductores sino también para los usuarios de las vías públicas. Pero además, incluir la educación vial en todos los niveles de enseñanzas: primaria, secundaria y ¿por qué no? también en la educación superior.
Privado: en conjunto con la Policía Nacional, el sector privado debe trabajar en el aumento de la vigilancia y control de la oferta y la demanda de bebidas alcohólicas, principalmente en centros nocturnos, de donde salen conductores que provocan accidentes.
Municipal: se debe establecer la seguridad vial como una parte integral de la construcción y administración vial. Una correcta planificación en la estructura vial forma parte de un adecuado desarrollo para la seguridad vial.
Por otro lado y no menos importante, resulta necesario y urgente aumentar las capacidades y condiciones de trabajo de la Policía Nacional. Por ejemplo, si se propone incrementar las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, es necesario que los agentes de tránsito cuenten con los instrumentos necesarios, en este caso alcoholímetros, para que puedan realizar un buen dictamen y aplicar correctamente la sanción. Pero además, hay que mejorar los salarios de los agentes de tránsito, porque entre más alta sea la multa, existe mayor disposición para ofrecer y/o pedir coimas y evitar el cobro, abriendo un abanico de oportunidades para la corrupción policial. En resumen se necesita impulsar con más fuerza la educación vial, promover una cultura de prevención, el cumplimiento a la ley, transparencia en las estadísticas oficiales, y mejorar las condiciones de trabajo para los agentes de tránsito, todo ello, con la participación de todos los sectores vinculados en este tema. La autora es Investigadora del programa de seguridad democrática del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. www.ieepp.org
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