El organismo no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), denunció vigorosamente los abusos cometidos por la Policía durante la represión contra los jóvenes que se solidarizaron pacíficamente con los ancianos que demandan una pensión reducida del Seguro Social.
El Ieepp asegura haber documentado “diversos casos de tratos inhumanos, golpes, uso excesivo de la fuerza, amenazas a la vida e intimidación de agentes de la Policía Nacional”. Además, 14 de los jóvenes reprimidos denunciaron legalmente en la Fiscalía, los vejámenes que sufrieron no solo de parte de las turbas sino también de los policías , en la madrugada del sábado 22 de junio, cuando estaban en un plantón pacífico en las inmediaciones del Seguro Social, respondiendo al llamado de los ancianos que pidieron solidaridad moral y ayuda material en forma de alimentos, agua y medicinas. Los jóvenes “fueron víctimas de asalto por fuerzas paramilitares que no solo impusieron terror, sino que les robaron”, dijo el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, quien los acompañó a presentar la denuncia en las oficinas de la Fiscalía.
Pero la represión del sábado 22 de junio no ha sido un hecho aislado, ni es la primera vez que se acusa a la Policía de cometer actos de fuerza contra los ciudadanos, incluso de torturar a personas que son detenidas e investigadas. Sin embargo, la Policía, en vez de investigar honestamente las denuncias y sancionar como se debe a los abusadores y torturadores, más bien encubre los abusos y dice que las denuncias son una campaña para desacreditarla. Pero la verdad es que no se trata de inventos mediáticos ni personales de nadie, sino de denuncias documentadas que presentan los ciudadanos a título personal, así como los organismos institucionales y no gubernamentales que defienden los derechos humanos.
Incluso la Procuraduría (gubernamental) de los Derechos Humanos, cuyas funciones han sido desvirtuadas por el régimen orteguista y por lo general en vez de denunciar las violaciones a los derechos humanos más bien los niega o justifica , no ha tenido más remedio que reconocer, en un informe a la Asamblea Nacional, que la Policía es la entidad estatal más denunciada por abusos contra las personas.
De manera que el alegato de que la Policía es víctima de una campaña pública de descrédito, es desmentido por la misma Procuraduría oficialista de Derechos Humanos. En realidad, es la Policía la que se desacredita a sí misma con sus actuaciones, con el socavamiento de su profesionalismo, con su paulatina y al parecer inevitable conversión en órgano represivo de una nueva dictadura.
Como ya lo hemos dicho otras veces, el proceso de profesionalización y de institucionalización de la Policía Nacional que se desarrolló durante el ciclo de los gobiernos democráticos, de abril de 1990 a enero de 2007, era realmente admirable y ejemplar. Pero “llegó el comandante y mandó a parar” (como cantaban los comunistas cubanos cuando Fidel Castró tomó el poder), y a partir de allí la institución policial se comenzó a degradar. ¡Que lástima de Policía!
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