Lucía Navas
No valieron los argumentos técnicos del sector privado sobre el daño económico y las violaciones constitucionales, y a los tratados del comercio internacional que significa el cobro del 0.26 por ciento sobre el valor total de la mercancía que ingrese o salga a través de los puestos de aduanas del país. El presidente inconstitucional, Daniel Ortega, mandó a publicar, sin cambios, la Ley de Concesión de los Servicios de Inspección No Intrusiva (por escáner) en los puestos de control de las fronteras para la Seguridad Nacional.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica junto a la ratificación del Acuerdo de Asociación (AdA), con la Unión Europea (UE) el lunes, creó el cobro de “25 dólares por cada declaración aduanera de exportación que se tramite por un puesto terrestre de salida” de ese país.
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Dicha ley está vigente a partir del 28 de junio pasado, que fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial. En un nuevo intento por frenarla, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) presentó ayer un recurso de amparo en los tribunales de Managua, confiando que el Sistema Judicial lo admita de manera rápida.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, expuso que con el amparo se busca “no correr riesgos” de que el titular de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), Eddy Medrano, o cualquier otro funcionario de la entidad “con una mentalidad recaudatoria” interprete que puede aplicar el nuevo impuesto de manera inmediata aun cuando no se brinde el servicio, porque los equipos de los escáner tardarán mínimo un año en instalarse.
“El interés nuestro con este recurso (de amparo) es que se suspendan los efectos de esta ley y que una vez que la Asamblea (Nacional) vuelva a sesionar se dé una reforma de ley”, precisó Aguerri.
SERIE DE VIOLACIONES
La ley da a la empresa extranjera Alvimer Internacional y Compañía Limitada —que representa a Smiths Detection Inc.— la concesión por 15 años del servicio del escaneo a toda mercancía importada o exportada que pase por los puestos aduaneros aéreos, marítimos y terrestres de Nicaragua. La empresa solo entregará a la DGA el diez por ciento de los impuestos que recaude.
La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Escáner el 13 de junio pasado. El Cosep mantuvo conversaciones con la Presidencia de la República para conseguir al menos un veto parcial y se eliminara el impuesto del 0.26 por ciento al valor de la mercancía. Pero Ortega no entendió los planteamientos del Cosep en que, entre otras cosas, se viola la propia supremacía de la Constitución Política de la República en su artículo 182, el Principio de Legalidad, el respeto al derecho comunitario en su artículo 183; así como los derechos a la salud, a la familia, los laborales y el Tratado de Integración Económica Internacional.
Aguerri criticó además la “inestabilidad” de la DGA, porque esta semana se ha interrumpido el sistema electrónico de declaración de las mercancías, causando la interrupción del comercio de Nicaragua. Se exigió más eficiencia, que implica poner a operar el mecanismo alterno manual cuando el electrónico falla.
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