Luis Eduardo Martínez M.
Fueron diversos los reclamos y cuestionamientos que pobladores de Matagalpa, principalmente jóvenes, plantearon a un grupo de diputados departamentales ante la Asamblea Nacional, durante un reciente foro con estudiantes de secundaria y universitarios al que también asistieron ciudadanos de diferentes estratos.
Ahí estaban las diputadas orteguistas Irma de Jesús Dávila Lazo, Rosa Adelina Barahona Castro y María Agustina Montenegro, las tres propietarias; así como la suplente Isaura Chavarría Salgado, quien es además la delegada departamental del Ministerio de Educación (Mined).
A los cuestionamientos tampoco escapó el legislador Pedro Joaquín Treminio, del Partido Liberal Independiente (PLI), quien junto con Dávila presidió la actividad cuyo propósito era “dar a conocer” el trabajo que realizan los diputados en la Asamblea Nacional.
Algunos jóvenes alzaban pancartas con interrogantes sobre temas como la destitución de la diputada orteguista Xóchitl Ocampo, la pensión reducida que exigen los adultos mayores, el proyecto del Gran Canal Interoceánico, entre otros.
Durante el período de preguntas y respuestas, jóvenes y adultos cuestionaron la actitud que adoptan los diputados ante temas como el proyecto del Gran Canal Interoceánico, la permanencia de funcionarios con cargos vencidos en instituciones públicas y la falta de acceso a la información.
“Estamos cansados de los políticos demagogos que nos vienen a engañar siempre con discursos”, aseveró el joven Jasser Morazán, cuestionando que a los legisladores presentes “jamás les he visto dar la cara en los medios de comunicación o contradecir una opinión. Así no se hace democracia”.
Morazán lamentó que el Ministerio de Educación “siempre se presta para estos actos partidarios” porque estima que “se sigue usando y abusando del poder”, exhortando a los jóvenes a que “Nicaragua debe ser democrática, espero que no aprendamos de políticos como los que están aquí”.
Otra joven calificó de “hipócrita” una publicidad expuesta en el foro y referida a que la Asamblea Nacional hace efectivo el derecho a la participación ciudadana, indicando que ella desconoce sobre grupos focales o encuestas para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el proyecto de un Canal en Nicaragua.
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