Tatiana Rothschuh
Entre otros instrumentos jurídicos señala la Ley 761, de Migración y Extranjería, que prohíbe a los extranjeros realizar actividades lucrativas en territorio nacional y a pesar de ello el señor Marco Tulio Castro Mora se ha dedicado a negocios, específicamente en la costa sur del municipio de San Carlos, Río San Juan.
De acuerdo a los registros notariales, el costarricense adquirió tierras al valor catastral y a precios irracionales o irrisorios, entre las que cuentan 1,393 manzanas compradas a Néstor Ubau en 400 mil córdobas, varias propiedades que suman 686 manzanas a Donal José Duarte González, a un valor total de 1,163,800 córdobas.
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La Procuraduría General representada en Río San Juan por José Ramón Gutiérrez entabló una demanda en el Juzgado de Distrito de lo Civil de San Carlos contra el costarricense Marco Tulio Castro Mora, por supuestamente realizar tráfico especulativo con las tierras del Estado, al haber adquirido de forma “inconsistente e ilegal” 11 propiedades, correspondientes a 6,326 manzanas, en la zona fronteriza sur, particularmente en el Área Protegida de Los Guatuzos.
En el juicio que se ha desarrollado en ausencia del costarricense, en el juzgado, a cargo de Alba Marina Vargas pero teniendo de apoderado al abogado Manuel Salvador Campos, el procurador promueve acciones de principal nulidad de contrato y accesorias de cancelación de asientos registrales y restitución al Estado de Nicaragua.
Refiere en su demanda que Marcos Tulio Castro violó las leyes nacionales vigentes, comprando tierras a personas cuyos títulos consistían en posesiones inscritas, títulos supletorios o tenedores de tierra, en forma ilegal e inscritas de manera fraudulenta a su favor y en complicidad con el anterior registrador público de la Propiedad Inmueble y Mercantil y el personal defenestrado, adquirió y registró varias propiedades, algunas rectificando unilateralmente sus áreas mediante escrituras otorgadas por notarios locales”.
DESPUÉS DE LA LEY
La Procuraduría basa su demanda en que las propiedades adquiridas por el costarricense Marco Tulio Castro fueron objeto de ventas después de la fecha en que entró en vigencia la Ley de Áreas Protegidas.
El procurador valoró su demanda en cien millones de córdobas y la valoración patrimonial del posible daño causado al Estado de Nicaragua por la apropiación indebida y tráfico de tierras nacionales en área protegida, fronteriza de costa.
En el proceso, el procurador advirtió que el demandado pretendía realizar modificaciones en su cuenta registral, por lo que la judicial giró mandato al registrador público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, Martín Martínez, para que anote preventivamente la demanda de nulidad de instrumentos públicos al margen de la propiedad número 25,314, tomo 217, folios 28 y 29 promovido por el Estado de Nicaragua en contra de Marco Tulio Castro.
El apoderado de Castro recurrió a un recurso de apelación, demandando la nulidad procesal, por lo que el caso se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central.
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