Lucía Navas
“Mucho disparate” es para José Evenor Taboada, presidente de la junta de la firma de abogados Taboada y Asociados, la serie de señalamientos de inconstitucional y de lesión a los derechos del Estado que recaen sobre el contrato y la Ley de Concesión de Escáner en las aduanas de Nicaragua.
En esta entrevista con LA PRENSA, Taboada expone su posición sobre los documentos que su firma elaboró. Intenta dar seguridad respecto a quiénes son los socios de la empresa que obtuvo sin licitar la concesión del servicio por 15 años, pero no revela lo más importante: sus nombres.
¿Quiénes son realmente los socios de Alvimer Internacional y Compañía Limitada que es con quien firma Aduana, según el contrato y la Ley?
Las sociedades que están a cargo de esta actividad son precisamente Alvimer Internacional. Alvimer es la concesionaria para Centroamérica de esta otra Smiths Detection, que es una empresa que vende casi los 5,000 millones de dólares al año en mercadería y que cotiza en Bolsa (de Valores) en Londres. Es una empresa pública y que ha asignado a otra empresa la subconcesionaria desde antes del 2006. De modo tal que esas preocupaciones de quiénes están detrás creo que son entendibles, pero realmente lo que le puedo decir en este momento que si una empresa como Smiths tiene como concesionaria a Alvimer y a su vez es representante y distribuidor en Centroamérica de los productos de Smith, tenga la plena certeza que hizo lo mismo que nosotros. Nosotros, para atender a cualquier firma o empresa que vienen, averiguamos quién es el cliente. Si bien por razones de confidencialidad yo no le puedo decir quiénes son los dueños de Alvimer, tenga la tranquilidad de que sí son concesionarios de Smiths, que vende casi los 5,000 millones de dólares al año, no son gente de las que tememos que sean poco serias.
Buscamos referencia de Alvimer Internacional en su sitio en internet y lo único que encontramos es una página casi en blanco donde no aparece nada de sus actividades económicas…
Es que ella fundamentalmente fue creada para ser distribuidora aquí en Centroamérica de esos productos de Smiths y en ese sentido ha andado promoviendo la instalación de esos servicios.
Usted dice que comprobó la validez legal de esa empresa, pero el ciudadano común que quiere conocerla no encuentra nada de referencia para tener esa certeza…
Yo sé que en el transcurso de los días y dependiendo al final de la decisión que se tome se tiene que dar más información. De eso tengo la plena certeza.
¿Aparecerán públicamente los dueños?
Estoy seguro de que cuando esta situación quede aclarada en que la concesión se mantiene, que la Ley se mantiene o se reforma, en definitiva cuál es la situación que queda, nada raro de que puedan aparecer quiénes son al final los titulares de esta empresa. Lo que le estoy diciendo es que tengan la tranquilidad de que si una empresa como Smiths Detections los escogió desde el 2006 como sus representantes estén seguros de que son gente seria. ¿Que ahorita eso no satisface sus legítimas inquietudes? Tiene razón. Vamos a tener paciencia. Pero andar buscando como algunos saber ¿quién está detrás? será una búsqueda equivocada, porque no va a conducir a nada útil.
¿Esa búsqueda sería infructuosa?
Lo que van a encontrar es que es una empresa creada en Panamá y lo que aparece en el registro panameño es público. Yo no estoy autorizado desafortunadamente para decirle quiénes son los que están detrás de esa empresa, lo único es que son empresarios serios, de fuera de Nicaragua.
¿Tiene Alvimer Internacional la experiencia de brindar el sistema de escaneo en las aduanas?
Claro. Ahí hay dos sociedades y cada quien está aportando sus experiencias en las diferentes ramas que maneja cada quien. El capital financiero por una parte que lo produce Alvimer y los otros participantes. Pero definitivamente el que se meta aquí esa cantidad de millones de dólares sin tener un know how (experiencia) sería un suicidio. Va a perder su plata.
¿Cuál es la experiencia? Porque Alvimer se dedica, dice usted, a representar a Smith que vende equipos (de escáner), pero ¿brindar el servicio en las aduanas?
Tengan plena certeza que van a tener personal apropiado.
¿Otro país de referencia que brinde el mismo servicio?
No conozco. Solo los conozco en su actividad a propósito aquí en Nicaragua.
El contrato dice que los socios son hondureños, panameños y José Armijo, un estadounidense que es quien firmó con el director de Aduanas…
Ese señor Armijo es de los expertos más grandes en operaciones de escáner en toda la región.
¿A qué compañía pertenece?
Es que no los conozco. Nosotros tenemos un rol limitado acá exclusivamente de lo que nos tocó hacer. Sí conozco que Armijo ha trabajado en esas cosas y es un experto, pero el currículum de él realmente no lo manejo.
Se considera que el contrato como está es inconstitucional y que la misma Ley (de concesión) es violatoria de la Constitución y por eso el Cosep está recurriendo contra esta. ¿Qué responde?
Yo creo que aquí hay mucho desconocimiento de la Constitución y de las leyes. La Constitución misma establece que para los efectos de otorgar concesiones se requiere de una ley especial y esa ahí está y eso fue lo que se publicó junto con el mismo contrato de concesión.
El contrato no fue publicado en La Gaceta…
Sí, pero es un contrató público porque se les facilitó a los diputados e iba dentro de la exposición de motivos. Si la Ley Especial que rige estas concesiones establece en el artículo 16 que “se anexa el contrato de servicios de inspección no intrusiva el que deberá ser ajustado en los términos de la presente Ley y mandado a publicar”, efectivamente tendrá que ser publicado oportunamente.
Le insisto sobre que se considera que se viola las leyes porque no se licita el servicio y porque expone al Estado…
La afirmación de que es inconstitucional porque no fue licitado, las contrataciones que hace el Estado, primero no son temas constitucionales. La Ley de Contratación de Bienes y Servicios, que es cuando el Estado compra, que es una ley general que puede ser modificada por una Ley Especial, establece la necesidad de la licitación y establece la posibilidad de la contratación directa en ciertos casos. Pero aquí no se trata que el Estado esté comprando nada, esos bienes nunca van a ser del Estado. Se está simplemente estableciendo una concesión, como en muchos otros países, para que el concesionario administre un servicio que el Estado ha determinado esencial, primero para su seguridad porque los escáneres lo que apuntan es a comprobar que lo que se está importando corresponde a lo que se declara. Ahí realmente el tema de que el Estado por Constitución tenga que hacer licitación no tiene ningún fundamento.
Lo que se reclama es que el servicio debió licitarse por los años de la concesión y porque es al final el Estado quien da el servicio…
Esa pregunta a quien se la deben hacer es a la Dirección General de Aduanas y a los diputados que por qué entonces mediante una ley de la República lo han regulado de esa forma.
Se cuestiona que lesiona los derechos del Estado porque si se cancela el contrato igual tiene que pagar a la empresa por los años de concesión…
La pregunta es si usted va a invertir en algo que necesita el Estado, ¿no cree que va a pedir que si a caso le cancelan su contrato antes de que se cumpla, le indemnicen por el daño ocasionado? ¿Dónde está la violación como (dicen los que) se rasgan las vestiduras a la soberanía? Hay mucho disparate. Si se hace una concesión y con base en esa se hacen inversiones y de repente el Estado decide cambiar las reglas, el privado que invirtió va a pedir que le repare los daños causados.
¿Según cálculos preliminares serían unos 300 millones de dólares?
No soy la persona calificada para hablar sobre las cifras. Lo que entiendo es que la lógica de fijación del sistema fue que hay un costo de inversión inicial (más de US$$20 millones), hay un costo que nadie está mencionando que es el mantenimiento y seguimiento de los equipos en las seis aduanas. En esta empresa, nos han informado, van a trabajar por lo menos 130 técnicos y personal para operar todo, van a entrenar a los funcionarios de Gobierno, el que vea la pantalla y diga lo que va efectivamente en la carga. ¿Cuánto significa más de cien empleados, técnicos, electrónicos, mes a mes trabajando en seis puntos diferentes? Esas máquinas requieren de un mantenimiento especializado. Si usted extiende la garantía del fabricante, debe pagar dos millones de dólares anuales. A los pocos años esas máquinas están obsoletas y hay que sustituirlas. Aquí hacen como que usted invierte 22 millones y eso como que fue una patineta eterna que va a durar 15 años. Lo estimado por el cliente es que antes de los 10 años tienen que estar cambiando totalmente los equipos. Por eso se había establecido la concesión de 30 años porque iban a haber tres reemplazos. Ahora al acortarse a 15 años (la concesión) se ha introducido un elemento de complejidad de cómo se produce una recuperación de la inversión cuando se reemplazan los equipos en el años diez, y tardan casi un año en instalarse esos equipos y en los cuatro años adicionales va a estar cancelado el contrato. Hay un elemento de riesgo. Va a ser analizado eso.
No hay una balanza equilibrada porque si la empresa cancela el acuerdo, el Estado solo obtiene un millón de dólares por la garantía…
Sobre los elementos económicos del contrato no tengo base para opinar. (…) Pero supongamos que la empresa no viene y no hizo su inversión, pierde ese millón de dólares.
El mismo Bayardo Arce dice que esta ley hay que reformarla. ¿Qué pasa si la llegan a derogar? ¿Tendrá que pagar el Estado a la empresa?
Este contrato se tiene que reformar de conformidad con la Ley. Entonces si va haber reforma, tiene que hacerse ya. Si se cancela ese contrato en este momento no veo daños que pueda reclamar el inversionista porque no ha empezado su concesión, no ha instalado equipos.
¿Si se tarda y llega el plazo de 14 meses para que entre en operación?
Creo que en una situación como esta, donde hay tanta pasión y preocupación, lo lógico es que si va a ver algún cambio se haga de inmediato o a la brevedad lógica, no hay la estabilidad y la seguridad para iniciarse el proyecto. Ni al Gobierno le conviene tener esto en el limbo ni al inversionista, quien tenga la certeza que no se va a venir a pelear al Estado.
Usted es presidente de Funides, organismo que alza la voz porque se respete el Estado de derecho. ¿Cómo responde a las críticas de que su bufete de abogados no garantizó ese respeto en la Ley del Escáner y en la del Canal?
Primero, Funides es una institución excepcionalmente seria que se ha ganado, con sus años de servicios al país, su reputación. Está integrada por personas con una gran capacidad e independencia de criterios, triunfadoras en sus actividades y de pensamientos claros. El hecho es entonces que, en mi carácter profesional, en este bufete llevemos temas que han atraído mucho la atención del público y que algunos cuestionan y otros aplauden, pero tenga la certeza de que ahí no hay un problema ético, que es el que me preocuparía. Estoy con la conciencia tranquila.
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