Managua/ACAN-EFE
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) recurrió hoy la Ley de Concesión de los Servicios de Inspección no Intrusiva en las fronteras con fines de seguridad, conocida como Ley de Escáner, por considerarla inconstitucional.
A juicio del Cosep, dicha legislación es “inaplicable” por contradecir al menos 16 artículos de la Constitución nicaragüense, según el recurso de inconstitucionalidad parcial divulgado hoy.
“Se debe precisar que con esa ley se está obligando a pagar el impuesto disfrazado de un cobro de Servicio de Seguridad Aduanera de un 0.26% sobre el valor CIF (costo, seguro y flete) total de las mercancías o carga declarada”, refiere el Cosep en su recurso, dirigido a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
De acuerdo con el documento, la Ley de Escáner, tal como está, crea un “impuesto a la exportación, sin contar con el “pago de 15 dólares por los vehículos que ingresen a Nicaragua en condición de tránsito internacional”.
El Cosep aprovechó el recurso para advertir a las autoridades que la legislación creará desempleo, debido a los costos que implicará su aplicación.
Uno de los puntos más controvertidos de la llamada Ley de Escáner es el cobro de un 0.26 por ciento del valor de la carga, lo que se traduce en una tasa diez veces mayor que el costo más alto en Centroamérica, según el Cosep.
El organismo empresarial ya había presentado un recurso de amparo el 10 de julio ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que lo rechazó bajo el argumento de que la ley todavía no existe.
El rechazo del TAM indignó a los empresarios, ya que la Ley de Escáner entró en vigencia el 28 de junio pasado, aunque el cobro no será efectivo mientras Nicaragua no cuente con la tecnología necesaria en sus fronteras.