Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
La cancillería de Costa Rica celebró la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de mantener las medidas cautelares tanto a ese país como a Nicaragua, impuestas el 8 de marzo del 2011 a raíz de la disputa fronteriza por Harbour Head, de abstenerse de enviar personal civil y militar a este humedal.
Aunque la CIJ rechazó solicitudes den los dos países de modificar esta medida, Costa Rica celebra el señalamiento de los jueces por el continuo envío del gobierno sandinistas de jóvenes ambientalistas a la zona de disputa, lo cual ha sido denunciado sistemáticamente por este país.
La cancillería tica destaca la resolución de la Corte, del pasado 16 de julio, donde establece que “la presencia de grupos organizados de ciudadanos nicaragüenses en la zona en litigio conlleva el riesgo de incidentes que pueden agravar” la disputa.
A la vez, recuerda que las partes “deberán abstenerse de toda acción que pueda agravar o prolongar la controversia”.
De este modo, la resolución llama la atención sobre las supuestas violaciones de Nicaragua y, a la vez, implica un reconocimiento de las reiteradas denuncias presentadas por Costa Rica sobre la presencia de grupos de activistas sandinistas en la zona; según este país.
“Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, que en noviembre de 2010 había denunciado a Nicaragua ante la Corte por la (supuesta) invasión a territorio costarricense, la decisión del Alto Tribunal reafirma la validez de la acusación hecha por Costa Rica de que Nicaragua ha venido violando sistemáticamente las medidas provisionales ordenadas por esa Corte el 8 de marzo de 2011” por el continuo envío de jóvenes ambientalistas a Harbour Head, destacó la cancillería tica.
El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, consideró que la decisión de la Corte Internacional de Justicia es un nuevo llamamiento a Nicaragua para que cese su agresión a un “país pacífico y desarmado”.
Castillo reiteró que Costa Rica mantendrá su política de fiel cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia, a la vez que hace un llamado a Nicaragua para que cese su política de incumplimiento.
El 23 de mayo pasado Costa Rica había presentado una solicitud a la CIJ para que se considerara que la presencia de ciudadanos nicaragüenses en la zona en litigio, así como las actividades que ahí realizan, constituía un cambio en las circunstancias sobre las cuales se habían emitido las medidas provisionales ordenadas en 2011, tal como lo establece el artículo 76 del Reglamento de la Corte.
Con base en ese hecho, Costa Rica solicitó que las medidas se modificaran para evitar dicha presencia y actividades.
Nicaragua, por su lado, se opuso a la solicitud de Costa Rica, y más bien solicitó a la Corte que las medidas provisionales se modificaran “para permitir que ambas partes (y no sólo Costa Rica) pudieran despachar personal civil encargado de la protección del medio ambiente al territorio en disputa”.
Nicaragua también solicitó que se aplicaran medidas cautelares a Costa Rica por la construcción de la carretera fronteriza que bordea el río San Juan. La Corte denegó la petición de los dos países.
