Elízabeth Romero
Tras haber dado por esclarecida la matanza en una comunidad de Bonanza, en el Triángulo Minero, la directora de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, reconoció que ha habido un repunte de hechos violentos en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). No obstante, dijo que extrañamente esto ocurre cuando en el primer semestre del año hubo nueve muertos menos con relación al mismo periodo del año pasado. Pero, en julio, “han aumentado”, dijo Granera.
El triple crimen en Bonanza llevará a las autoridades policiales a analizar, en la presente semana, las medidas que adoptarán en ese sector del país.
De lo que Granera dijo estar clara es de que no existe relación entre los hechos violentos y grupos rearmados con fines políticos, pues en el país “no hay grupos armados con fines políticos”.
Jairo Hernández Amaya, originario de Waslala, Ariel Jesús Lira y Yesli Bravo Acosta, único sobreviviente, son los principales sospechosos de la matanza en Bonanza. Los muertos corresponden a los nombres de Edgard José Estrada Mejía, Edilberto José Saavedra y Ángel del Socorro Aráuz.
Lira aún está prófugo pero, según Granera, lo tienen cercado y espera que en las próximas horas lo puedan arrestar. La Policía tipificó el delito de asesinato y robo agravado. Los sospechosos simularon una venta de oro y llevaron a las víctimas al sitio donde ejecutaron el triple crimen.
Se sospecha que el múltiple crimen ocurrió el pasado viernes poco antes de las 11:00 a.m. Hay un vecino del lugar que dijo haber escuchado detonaciones a eso de las 10:15 a.m. de ese día.
Ese día los sospechosos cambiaron en varias ocasiones el sitio donde se realizaría la transacción. “Si ustedes avanzan eso es peligroso”, dice Granera que les habrían advertido güiriseros del lugar a las víctimas.
Según Granera, Bravo Acosta aún es investigado, pues fue quien se comunicó con los sospechosos y a través de este cambiaron los sitios de la transacción por medio de llamadas telefónicas, hasta que en una tercera ocasión los llevaron hasta la cooperativa Aspemina, en la comunidad de Vesubio.
Entre las sospechas que recaen sobre Bravo Acosta están que portaba un arma de fuego de forma ilegal, no defendió a sus compañeros, alegó razones técnicas del arma que fueron rebatidas por el Laboratorio de Criminalística, fue el contacto inicial de la transacción, único sobreviviente y es el único al que no le robaron.
Estrada y Aráuz cayeron sin vida en el lugar donde encontraron sus cuerpos, mientras que Saavedra, ya herido, avanzó unos 10 metros, donde fue rematado por Hernández, con un revólver calibre 38. Un proyectil extraído del cuerpo de Saavedra corresponde al revólver que le fue ocupado a Hernández.
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