Rezaye álvarez M.
El uso de aguas nacionales en el proyecto del Canal Interoceánico, según el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana (UAM), Alejandro Aguilar, debió ser entregado mediante concesión por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Además, por ser ANA la máxima autoridad en cuanto a recursos hídricos, “no debería en lo absoluto quedar al margen de cualquier uso que se haga del mayor recurso hídrico del país”, expresó Aguilar.
“Si se pretende asegurar la institucionalidad del sector hídrico, ninguna otra autoridad debería de intentar sustituir al ANA en este asunto y no debería crearse una especie de estado de anarquía o de atropellos en el uso de dichos recursos”, enfatizó Aguilar.
En la Ley de Aguas Nacionales (Ley 620), recordó Aguilar, se establece un orden de prioridad para el uso o aprovechamiento de las aguas con una lógica de bienestar humano, y en ese orden la navegación está en décimo lugar.
Sin embargo, el jurista indicó que de acuerdo con la Ley 840 y el Acuerdo Marco de la Concesión canalera, la Ley 620 no tiene ninguna aplicación en la zona de los proyectos del Gran Canal, porque aún cuando la ley continúa materialmente vigente en todo el país nadie puede saber exactamente lo que pasará con la afectación del Canal a las fuentes de agua del país.
El artículo 97 de la Ley 620, que establecía al Cocibolca como “reserva natural de agua potable” y “prioridad para la seguridad nacional”, según Aguilar, “quedó derogado” por la Ley 840.
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