Elízabeth Romero
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La ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, confirmó que junto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizan cada una de las órdenes de libertad de presos en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), porque han detectado órdenes de libertad que no han sido emitidas por jueces.
“Hay órdenes de libertad que están siendo revisadas por la CSJ”, se limitó a decir la ministra de Gobernación.
Momentos antes la funcionaria había confirmado también que hay hacinamiento en los penales del SPN, lo que provoca a su vez hacinamiento en las celdas de la Policía porque no tienen capacidad de recibir a toda la población penal remitida a las penitenciarías. Actualmente, cuentan con una población de más de 12,000 privados de libertad, dijo Morales.
Desde inicios del año, los organismos de derechos humanos del país han criticado que las penitenciarías del país rehúsan liberar algunos presos, pese a que cuentan con órdenes de libertad.
Roberto Petray, de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), señaló que los penales “están llenos porque no sacan a los que tienen órdenes de libertad arrogándose funciones que no les competen”.
Petray recordó que en enero pasado dirigieron una carta a la ministra de Gobernación y CSJ, con una lista de al menos 21 reos con órdenes de libertad y que los jefes de penales rehúsan liberarlos.
Mencionó, por ejemplo, el caso de tres enfermos mentales en el penal de Estelí: “Ningún loco puede reeducarse en la cárcel”, manifestó Petray.
Por su parte, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, en junio pasado realizó un recorrido por las penitenciarías del país y corroboró el hacinamiento en los mismos.
Mencionó un caso conocido ayer por la CPDH que, según médicos internistas y médicos forenses, debe ser puesto en libertad por enfermedad.
Indicó que desde hace año y medio el reo tiene orden de libertad a su favor sin que las autoridades cumplan con la ley. Esto pese a que está detenido por robo y no está incluido en los casos de narcotráfico o crimen organizado y que las autoridades alegan revisión administrativa.
