La abogada de Sucre Arias&Reyes que constituyó la sociedad fue Verónica Pamela Nativí Nicolau. LA PRENSA desde hace tres semanas ha buscado a la abogada Nativí por medio de los números telefónicos de su oficina que aparecen registrados en el sitio web del bufete, para conocer cuáles eran las operaciones que según los empresarios ahora acusados aseguran tener en Panamá.
Sin embargo, tanto en la central telefónica del bufete (507 2047900) como en el mismo despacho de Nativí Nicolau (507 2047925), no dieron respuesta a las consultas de LA PRENSA. Su asistente, de nombre Cindy Rojas, primero aseguró que la abogada se encontraba de vacaciones, y posteriormente las llamadas no eran atendidas.
Igual se mandó un correo electrónico a la cuenta corporativa de Nativí Nicolau ([email protected]) como a la cuenta central del bufete Sucre Arias&Reyes, pero no hubo respuesta.
Moisés Martínez
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MARTHA VÁSQUEZ
Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga permanecerán bajo arresto domiciliar con custodia policial por orden del juez Henry Morales, quien ayer admitió la acusación por estafa agravada y ofrecimiento fraudulento que la Fiscalía imputó contra ellos en perjuicio de las monjas Teresianas.
Además mandó a congelar las cuentas bancarias, certificados de acciones y títulos valores de los acusados. También ordenó levantar el sigilo bancario y tributario, para asegurar la obtención de pruebas.
Para cumplir con estas medidas cautelares, el judicial giró oficio a la Policía Nacional, Dirección de Migración y Extranjería y a la Superintendencia de Bancos.
LOS ACUSADOS
Montealegre, socio mayoritario de la empresa Internacional Investment and Financial Services, Inc., donde las religiosas invirtieron 526 mil dólares por depósitos realizados en julio del 2009, no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación, a pesar de las insistentes preguntas.
Bendaña reiteró que no tiene nada que ver en los hechos, a pesar que la Fiscalía lo señala de haber recibido 400 mil dólares del dinero invertido por las monjas, a través de un cheque emitido por Internacional Investment a favor de la empresa Café Don Paco, donde era socio con Montealegre.
Mientras Hugo Paguaga, quien fungía como gerente general de Internacional Investment and Financial Services, Inc., es señalado de captar a las monjas y convencerlas de invertir en dicha empresa donde supuestamente obtendrían jugosas ganancias, y se limitó a decir: “En el proceso se conocerá la verdad”.
MONTEALEGRE APELARÁ
Helga Asher, abogada de Montealegre, protestó por la resolución del juez, ya que consideró que se estaba extralimitando con las medidas cautelares porque la Fiscalía en el escrito no solicitó el arresto domiciliar con custodia policial y aún así el juez lo decretó; pero la Fiscalía lo solicitó durante la audiencia oral y pública.
“Están dejando en indefensión, violentando derechos constitucionales como es el de trabajar dignamente y usted está prácticamente avalando lo que dice el Ministerio Público como si fuera la ley”, dijo Asher.
Durante la audiencia inicial con carácter de preliminar, Magda Urbina, abogada de Bendaña, promovió un incidente de nulidad por falta de prueba a favor de su representado, porque este dejó de ser presidente y directivo de Café Don Paco en agosto del 2009 y los hechos acusados sucedieron en el 2011 y 2012, cuando este ya no estaba en dicha empresa.
Sin embargo, el fiscal Douglas Vargas argumentó que el dinero que reclaman las monjas es el mismo que invirtieron en el 2009 y fue recibido por Bendaña en representación de Café Don Paco, por eso considera que no está eximido de responsabilidad y así lo valoró también el juez.
Asher alegó una excepción por falta de competencia territorial argumentando que la empresa fue creada en Panamá, opera en Panamá y debe regirse con las leyes de ese país, pero el fiscal argumentó que la estafa se dio en Nicaragua, en las oficinas de Montealegre, donde se materializa la operación de inversión, por tanto fue declarada improcedente.
