Ramón H. Potosme
El experto en derecho indígena Christian Bucardo considera que el régimen especial de la zona Alto Coco y Bukawas —condición otorgada mediante decreto en el año 2008— no funciona porque no ha permitido a los comunitarios mejorar sus condiciones de vida y en cambio los servicios de salud, educación y seguridad se han deteriorado.
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El decreto presidencial 09-2008 que declara Régimen Especial de Desarrollo a los territorios indígenas Miskitu Indian Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bu y Kipla Sait Tasbaika ubicados en la cuenca Alto Coco y Bukawas, establecía una atención especial de parte del Gobierno central y cuyo gobierno lo ejercería uno de los presidentes de los tres territorios indígenas.
Bucardo critica la falta de coordinación entre las políticas públicas del Gobierno y los gobiernos territoriales, mientras a los líderes locales los acusa de no actuar adecuadamente dejando sus cargos a merced de los funcionarios de Gobierno.
En ese sentido, Bucardo —originario de la zona del Alto Coco— demandó que las autoridades territoriales sean electas según sus costumbres y tradiciones y sin las disputas partidarias ajenas a las culturas originarias.
“La mala asistencia técnica y asesoría que han recibido los gobiernos territoriales deja mucho que explicar, los malos resultados de la famosa asesoría es la educación precaria, malas condiciones de las infraestructuras, no existen bibliotecas, las escuelas no cuentan con ningún tipo de pupitres escolares, falta de pizarras, tizas, ni materiales didácticos”, señala Bucardo.
Adicionalmente planteó que aproximadamente el cuarenta por ciento de los profesores laboran como voluntarios desde hace tres años, además de disponer de una delegación del Ministerio de Educación sin recursos humanos ni administrativos.
Cuatro policías para 30 mil habitantes
El experto indicó que el tema de la inseguridad es demasiado grave y no ha recibido ni la mínima atención. En la zona especial existen cuatro policías sin las herramientas necesarias para imponer el orden. Según Bucardo, operan con toda impunidad la trata de personas, la delincuencia juvenil, el abuso de estupefacientes y violaciones a menores.
“La retardación de justicia de los casos delictivos e impunidad por falta de sistema carcelario y administración de justicias dentro de los territorios indígenas hacen que en esta región sea urgente el establecimiento de un Juzgado en San Andrés de Río Coco”, planteó Bucardo quien lamentó que en servicios de salud se prioriza a pobladores hondureños antes que a los nativos.
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