El pasado 17 de septiembre la CIJ confirmó que Ecuador retiró el caso presentado contra Colombia por las aspersiones de cultivos ilícitos en la zona fronteriza.
El Gobierno colombiano saldó el asunto con el pago de 15 millones de dólares a Ecuador, que los utilizará para desarrollar las zonas de la frontera y para reparar a las personas afectadas por las aspersiones de glifosato, según fuentes oficiales ecuatorianas.
Perú y Chile están a la espera de otro fallo de la CIJ, también por los límites marítimos.
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EFE
El recurso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya no ha logrado extinguir dos de los problemas bilaterales que más tensión han creado en América Latina en los últimos años, los cuales están hoy candentes y además van a tener cada uno una segunda parte en ese tribunal.
La planta papelera de la finlandesa UPM en Uruguay es de nuevo una fuente de conflicto entre ese país y Argentina, porque acaba de ser autorizada a aumentar su producción, y el trazado de la línea divisoria marítima sigue enfrentando a Colombia y Nicaragua.
El primero de esos litigios fue elevado a la CIJ en 2005 y el segundo, que tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX, en 2001. Los fallos correspondientes fueron emitidos en 2010 y 2012.
Los dos países rioplatenses aceptaron que si bien Uruguay debió consultar con su vecino la instalación de la planta a orillas de un río que ambos países administran conjuntamente, la papelera puede funcionar porque no supone un riesgo para el medioambiente, como señala la sentencia.
Sin embargo, no se dio la misma unanimidad en el otro caso.
El Gobierno colombiano considera inaplicable el fallo que concede a Nicaragua una vasta extensión del mar Caribe, de 75,000 a 90,000 metros cuadrados, que antes estaba bajo control de Colombia, y ya ha iniciado el trámite para desvincularse de la CIJ.
NICARAGUA PIDE “RUMBO EXACTO”
Pero Nicaragua se adelantó a que se concrete la retirada colombiana y planteó en septiembre una nueva demanda, esta vez para pedir a la CIJ que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima, “más allá” de los límites definidos en 2012, pues quiere ampliar su plataforma continental a 350 millas náuticas.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que heredó el problema con Nicaragua de su antecesor, como le ocurre a Mujica, también debe defender los intereses económicos en juego en el caso con Nicaragua, además de lo que tiene que ver con la soberanía.
Las aguas cercanas al archipiélago colombiano de San Andrés que, según el fallo de la CIJ, corresponden a Nicaragua son ricas en pesca, biodiversidad y petróleo.
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