Lucydalia Baca Castellón
Un nuevo triunfo se anotó el sector empresarial al lograr que el Gobierno retroceda en su pretensión de cobrar un nuevo impuesto del 0.26 por ciento, sobre el valor total de la mercancía que sea escaneada al entrar o salir del país.
El cobro está contemplado en la Ley 841, Ley de Concesión de los Servicios de Inspección No Intrusiva en los Puestos de Control de Fronteras para la Seguridad Nacional, conocida como Ley de Escáner, aprobada a inicios de junio.
“Hemos avanzado en diferentes negociaciones. En el caso de la Ley de Escáner, estamos en un proceso de negociación donde hemos acordado que se eliminará el impuesto ad valorem”, aseguró ayer el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri.
No obstante, el presidente del Cosep reconoció que las negociaciones continúan para definir cuál será el esquema final que presentará la reforma a la ley en torno al mecanismo de cobro y tarifas que compensarán el nuevo servicio de escáner que se establecerá en las aduanas.
“Esperamos, como hemos anunciado, que para la próxima semana exista la presentación de la comisión de producción de la Asamblea Nacional para ya poder tomar una decisión de consenso alrededor del dictamen”, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
Según Aguerri, se “han venido intercambiando posiciones para garantizar una ley que beneficie a todas las organizaciones empresariales. Se estima que esta ley establecerá un mecanismo de negociación a nivel de los departamentos que permita agilizar los procesos a las empresas.
“Estamos seguros que la semana próxima ese dictamen estará siendo presentado …y esto nos permitirá determinar que la nueva ley de cámaras pueda ser aprobada en los primeros días de noviembre”, aseguró Aguerri.
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La Ley 841 también contemplaba otorgar la concesión para prestar el servicio de escáner en las aduanas a la empresa extranjera Alvimer Internacional, cuyos dueños se desconocen. Inicialmente se contemplaba un plazo de treinta años con derecho a prórroga, disposición que en su momento el Cosep calificó como excesiva. Luego el plazo fue reducido a 15 años.
El empresariado también criticó que el contrato de concesión deja desprotegido al Estado, ya que en una de sus cláusulas establece que si la Dirección General de Aduanas (DGA) decide dejar de usar los servicios de la empresa antes del plazo establecido, estará obligada a resarcir en un plazo de treinta días lo equivalente a lo facturado en ese mes, multiplicado por los meses pendientes, según el plazo contemplado en el contrato.
NO MENCIONA A ALVIMER
No obstante, Aguerri no mencionó si la reforma a la ley revisará también la concesión otorgada a Alvimer Internacional, e insistió en que de momento lo que importa es que se eliminó el cobro ad valorem (del 0.26 por ciento sobre el valor total de las mercancías).
“Lo que nos corresponde es terminar de revisar qué va a pasar con el mecanismo y cuál va a ser el costo, que ya lo estamos definiendo. Estamos viendo qué va a pasar con las exportaciones (en general), con las exportaciones de zona franca, que va a pasar con el tránsito internacional. Pero lo que hay que destacar es que ya acordamos la eliminación del impuesto ad valorem”, insistió.
Para Aguerri lo importante es que al eliminar el cobro de este impuesto se están respetando “los compromisos que como país tenemos con la Organización Mundial de Comercio (OIC) y el nuevo Acuerdo de Asociación (AdA), entre Centroamérica y la Unión Europea (UE)”.
En su momento el Cosep intentó evitar que la ley fuera aprobada. Al no lograrlo, desde su aprobación, a inicios de junio, rechazó los artículos referidos al cobro sobre el costo total de las mercancías, por considerar que era un nuevo impuesto disfrazado de cobro por el servicio de escáner. Además, mantuvo que al menos 16 de sus artículos estaban reñidos con la Constitución.
PARA ARCE FUE UN ERROR
El asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, también rechazó públicamente el cobro, cuyo establecimiento calificó como un “error técnico” que debía corregirse. Aunque también justificaba que el sistema de inspección de escáner al transporte de mercancías y de personas en las fronteras, es una nueva exigencia internacional que el país debe cumplir.
Pese al apoyo de Arce y a sus promesas de que la ley se revisaría para eliminar el cobro, el presidente del Cosep recurrió por inconstitucionalidad parcial en contra de la Ley 841, que entró en vigencia el 28 de junio de este año, tras ser publicada en La Gaceta número 120 de esa fecha.
Sin embargo, el cobro no será efectivo mientras Nicaragua no cuente con la tecnología necesaria en las fronteras.
El recurso legal de Aguerri fue contra el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, como representante del poder legislativo que elaboró y aprobó la normativa. Y contra el presidente de la República, como representante del poder ejecutivo por sancionar, promulgar y mandar a publicar la ley.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A ,1 A
