Lucía Navas
Los riesgos para las finanzas públicas que significa el bono salarial de 750 córdobas a los empleados públicos no se esfuman con incorporar la dádiva al Presupuesto General de la República; por el contrario, causa una “rigidez extrema” en los gastos donde los mismos trabajadores son los perjudicados.
Esto es parte del análisis preliminar del proyecto de Presupuesto 2014 hecho por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), que señala otra consecuencia, como es la menor disponibilidad de recursos para aumentar la inversión pública.
Adelmo Sandino, investigador de Presupuestos Públicos del Ieepp, advierte que la nueva política de Gobierno será “moderar el gasto” y con ello “no se potenciará el crecimiento económico” .
En el presupuesto del próximo año se destinan 1,215 millones de córdobas para dar el bono-regalo a 131,381 trabajadores públicos, que seguirá siendo entregado fuera del salario ordinario. Desde mediados de 2010, el Gobierno daba la regalía con fondos de la cooperación de Venezuela.
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Sandino analiza que, debido al gran peso que significa el bono, los aumentos salariales en el Estado se irán reduciendo, con respecto a los porcentajes del siete por ciento que en general el Gobierno aprobó en los últimos años. Igual pasaría con el Ministerio de Salud (Minsa) y del Ministerio de Educación (Mined), donde los incrementos de salario han sido entre ocho y nueve por ciento cada año.
NI LA INFLACIÓN CUBRIRÁ
De hecho en el Presupuesto 2014 ya se otorga un menor aumento salarial porque en general es del cinco por ciento, que no cubre la inflación promediada en siete por ciento. En el Minsa el ajuste será del 7.3 por ciento, solo en el Mined se mantiene en el nueve por ciento.
Sandino indica que la política cambia porque en el mismo Programa Económico Financiero (PEF) y en el proyecto presupuestario 2014 el Gobierno indica que los “ajustes” salariales “van a estar en correspondencia con las disponibilidades reales de recursos y al control de la evolución de la masa salarial”.
Se señala como un problema adicional la disposición de que las instituciones no presupuestadas, como las alcaldías, los gobiernos regionales, entes autónomos y descentralizados, paguen de sus propios recursos el bono salarial.
“Esto representa aproximadamente unos 20 millones de dólares y la pregunta aquí es: ¿De dónde saldrán los recursos para financiar el bono para las instituciones que no fueron presupuestadas?”, cuestionó Sandino.
Su conclusión es que “si bien el bono trajo resultados positivos para los beneficiarios, al no estar soportado de manera adecuada están provocando este resultado de inestabilidad en las finanzas públicas”.
El Ieepp sostiene que el gran tema es cómo financiar el gasto a futuro, ya que la rigidez presupuestaria se da porque buena parte de los recursos ya están destinados constitucionalmente (en los porcentajes al Poder Judicial, universidades públicas y alcaldías) y porque la nueva Ley de Concertación Tributaria (LCT) apenas aporta el 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“Es una recaudación pobre”, dice Sandino, comparada a las reformas tributarias aplicadas desde 1997. Afirma que si bien el Gobierno proyecta que la recaudación crecerá en 12 por ciento y 15.7 por ciento en 2014 y 2015, respectivamente, “son conservadoras” y además los siguientes años los rendimientos de la LCT irán reduciéndose.
Presupuestar el bono aumenta la masa salarial del Gobierno con relación al PIB en 0.5 puntos porcentuales. El Ieepp también indica que la presión “se hubiese disparado” otro 0.5 puntos si la regalía pasara a integrar el salario ordinario del trabajador porque tendría que pagar el mes decimotercero y cotización al INSS.
Las finanzas públicas entrarían en serios problemas, según Ieepp, si se deteriora más la economía de Venezuela y eso se traduce en que la cooperación a Nicaragua se reduce y se decide no dar más para cubrir parte del subsidio al transporte público de Managua y Ciudad Sandino, porque entonces se tiene que absorber todo vía Presupuesto.
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