En todo país civilizado la Constitución Política es el marco esencial de la convivencia pacífica, fundamento del Estado y garantía de libertades y derechos ciudadanos. Como ley fundamental recoge principios y valores que expresan un consenso abarcador y duradero sobre la manera en que la sociedad se organiza y desarrolla.
La solidez y amplitud del consenso sobre la Constitución determina la estabilidad y seguridad indispensables para favorecer la democracia política y económica, justicia, prosperidad y paz. De ahí que, en general, al tomar posesión, presidentes y autoridades estatales juren respetar la Constitución. En Nicaragua también ha sido así. Ortega juró respetarla.
Sin embargo, a la hora de las realidades los gobernantes de nuestro país han preñado la historia de tragedias. Una y otra vez, en lugar de sujetarse a la Constitución se empeñan en adaptarla a sus designios, que siempre son los mismos: concentración de poder, impunidad y continuismo. Esos ciclos comienzan con violaciones, siguen con reformas o constituyentes y concluyen en tragedias. Es como una maldición.
Recordemos cómo Somoza construyó su dinastía. Comenzó con el golpe de estado al presidente Sacasa. Después se hizo elegir presidente, a pesar de que dos disposiciones constitucionales lo prohibían. Seguidamente convocó a una asamblea constituyente que le obsequió un período presidencial extendido a diez años.
Fueron tiempos dorados en que muchos —arriba y abajo, en el norte y sur, en oriente y occidente— clamaron la frase “Somoza for ever”. A partir de ahí, entre nuevas constituyentes y nuevas reformas constitucionales, los nicaragüenses nos echamos a tuto, con espinas, 40 años de dinastía.
Ortega comenzó por demoler una institución primordial: el voto. Con los fraudes electorales tiró a la basura uno de los pilares de la paz, tan dolorosamente alcanzada. Continuó con las instituciones públicas, transformándolas en circo, monigotes o comparsas. En el camino fue acribillando la Constitución hasta dejarla en guiñapo. La reelección, a partir de marrullerías, es el atropello más flagrante.
Este proceso fue descrito por Eduardo Enríquez en su libro Muerte de una República . Ahora viene el tiro de gracia. Sobre los escombros de la democracia pretende erigir un mamotreto dictatorial, a la medida de sus delirios, que sus seguidores llaman reformas a la Constitución. Y nosotros deberíamos llamar el “mamotreto de Ortega”. Porque esas no son reformas a la Constitución. Es pieza culminante en la tortuosa ruta que el monarca impone a los nicaragüenses para afianzar su dictadura.
Por ello, hablar de “constitucionalización” de violaciones a la Constitución es hacerle un favor a Ortega. Las violaciones, violaciones son. Y no hay manera de repararlas. De lo espurio, solo pueden brotar frutos espurios. El proyecto de reformas es precisamente una confesión cínica de esas violaciones: reelección presidencial, designación de militares en puestos públicos (recordemos la UAF), despojo de diputaciones, ejercicio de cargos con períodos vencidos, son solo algunas.
¿Qué pretende Ortega con sus reformas?
No es legitimidad. Al menos, no como se entiende en democracia. Para Ortega la legitimidad deriva del ejercicio rudo y crudo del poder; de la inmovilización de la sociedad; el aplauso del gran capital, y la complacencia o indiferencia de la comunidad internacional. Esas son las fuentes de legitimidad que reconoce. La ley, instituciones democráticas, sufragio, opinión pública y derechos ciudadanos son harina de otro costal. Nuestro costal.
A Ortega no le importan las formas jurídicas o democráticas. Este hecho fija el límite de la discusión estrictamente jurídica. ¿Alguien piensa que Ortega, una vez aprobadas esas reformas, comenzará a respetar “su” Constitución? Nadie en su sano juicio puede concluir tal dislate, salvo los cómplices de Ortega. Y tiene cómplices.
¿O es que en verdad persigue reafirmar la soberanía e “institucionalizar la alianza” con sus socios del gran capital? Obvio que esos son caramelos envenenados. Para tontos o para vivianes. Lo que sí va enmascarada es la entreguista concesión otorgada a Huang Jing.
¿Entonces, qué pretende? Nada nuevo. Dar el tiro de gracia a una Constitución moribunda y restregarnos que su voluntad es la ley. Y por esa vía avasallar, domesticar o desmoralizar.
Cierto es que la maniobra dota al régimen de un instrumento que amplía márgenes de poder político, en tanto que apuntalan más abiertamente la militarización del Estado, la concentración de poder, el control social mediante organizaciones partidarias, la perpetuación en el ejercicio del poder, entre otras. Pero es sobre la curva de rendimientos decrecientes. Ya lo había logrado violentando la Constitución. Y disponía de condiciones para seguir sin necesidad de reformas. ¿Acaso no es dictadura?
Por eso se da el lujo de incluir disparates: En adelante deberemos adorar al dios viento, al dios rayo. Porque la Constitución orteguista consagrará el panteísmo como principio constitucional. También adoptaremos como fundamento el socialismo, entendido como enriquecimiento de los menos a costa del empobrecimiento de los más, porque la lumpen-oligarquía orteguista sigue enriqueciéndose a manos llenas sobre las espaldas de la mayoría de la población.
La maniobra también lleva vendaje. Buscan distraer la atención de temas sensibles para la gente: reformas al INSS bajo la fórmula “pague más y reciba menos”, rearmados en el norte, crisis del café, reclamos de los ganaderos, disminución de salarios, estafa de MPeso, bono “solidario” sin prestaciones, para citar algunos.
¿Llegamos al límite? Absolutamente no. Ante una sociedad indefensa, los delirios del poder no tienen límite.
Somoza sembró vientos que cosecharon aquellas tempestades. Ortega siembra ahora los mismos vientos.
La pregunta del millón es ¿estamos obligados a acatar una Constitución espuria? El autor es diputado de la Bancada Democrática
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
