Las dificultades y molestias que enfrentan los usuarios del transporte colectivo de Managua, al ser obligados a pagar los pasajes de los buses con tarjetas electrónicas en vez del dinero de uso corriente establecido por la ley, demuestra cómo el autoritarismo gubernamental perjudica no solo los derechos políticos y los valores democráticos subjetivos, sino a las personas en general hasta en los ámbitos más ordinarios de su vida social.
De entrada, es un abuso obligar a la gente a pagar por el servicio de transporte colectivo con tarjetas electrónicas de prepago, así fuese que la técnica del sistema funcionara como la última maravilla del mundo. Quien tenga la voluntad de usar la tarjeta que lo haga, pero igual derecho tienen quienes deseen pagar con dinero en efectivo.
A los concejales democráticos que forman la oposición en la comuna de Managua, se les ha negado la información sobre la concesión sin licitar que se le dio a la empresa MPeso para que operara el sistema de pago por medio de tarjetas electrónicas. La única explicación que se les ha dado es que se trata de un contrato entre sujetos privados y por lo tanto es un asunto de interés particular.
Pero también el pago con tarjetas de crédito y de débito en los establecimientos de servicio operados por la empresa privada, y en el comercio en general, se basa en contratos entre particulares, y sin embargo es controlado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Incluso, las tarjetas de crédito son reguladas por una ley dictada por la Asamblea Nacional y además a nadie se le impide pagar con dinero en efectivo.
La Ley Monetaria de Nicaragua establece categóricamente, en su artículo 1, que la unidad monetaria es el córdoba y en los siguientes artículos advierte que “Los precios, impuestos, tasas, tarifas, honorarios, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de cualquier clase o naturaleza que deban ser pagados, cobrados o ejecutados en la República de Nicaragua, se expresarán y liquidarán exclusivamente en córdobas”. Y aunque la misma Ley establece en su artículo 4 algunas excepciones y faculta al Consejo Directivo del Banco Central para que autorice cualquier otra exclusión, lo cierto es que entre las excepciones no aparece el pago de los pasajes de buses del servicio de transporte colectivo; ni se conoce, al menos hasta ahora, que el Consejo Directivo del Banco Central hubiese dictado alguna disposición para exceptuar el sistema que ha impuesto el Instituto Regulador del Transporte de Managua (Irtramma) y es operado por MPeso, que obliga a los usuarios a pagar los pasajes de buses solo con las malhadadas tarjetas electrónicas.
Se conoce que a muchos nicaragüenses no les importa que se imponga en el país un sistema autoritario de gobierno como el de Daniel Ortega. Creen que esto es un asunto político y la democracia al fin y al cabo no sirve para mucho, pues lo más importante es poder hacer negocios y obtener beneficios. Pero están equivocados. El autoritarismo es dañino para todos, incluso para aquellos que son favorecidos con subsidios económicos y otros programas populistas, a cambio de sacrificar sus derechos individuales y de renegar de la libertad y la democracia. El calvario de los usuarios del transporte colectivo de Managua con las tarjetas de MPeso, así lo comprueba.
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