Tania Sirias
El 12 de noviembre se introdujo ante la Asamblea Nacional, el paquete de reformas a la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, reforzando así el control que ejercerá el Ejército en las “telecomunicaciones, telemáticas y de cualquier otra naturaleza”. Además “protegerán” las instituciones públicas o “de capital mixto”. Empresas como Albanisa y Albalinisa caen en esta definición.
A juicio del diputado opositor, Eliseo Núñez Morales, Nicaragua transita de una dictadura civil autoritaria para convertirse en una dictadura militar.
También se hacen adiciones a los artículos: 30, 31, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 72, 96 y 97.
Se destaca el artículo 34, donde el tiempo del servicio militar activo será de 40 años y 65 años como edad máxima.
Indican que por interés institucional el tiempo de la prestación del servicio militar podrá ser extendido para los oficiales generales, por autorización del presidente de la República y jefe supremo del Ejército, y para el resto de oficiales por el comandante en jefe del Ejército.
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“Están autorizando al Ejército a inmiscuirse en los ámbitos de la vida civil y que antes no lo hacían. En el caso de las empresas mixtas, lo que hacen es poner a los efectivos militares como sus empleados de seguridad, bajo el pretexto de cuidar los intereses económicos”, dijo Núñez.
Indicó que con estas reformas al Código Militar, las instituciones públicas y las empresas mixtas, están obligadas a garantizar las facilidades necesarias, conforme a lo establecido en dicha ley.
PALACIOS DESCONOCE
La primera secretaria de la Asamblea Nacional, Alba Palacios y presidenta de la comisión especial de reformas constitucionales negó conocer las propuestas de reformas al Código Militar, pese a que estas fueron introducidas el 12 de noviembre.
LA PRENSA también buscó la versión del Ejército, sin embargo, a como ya es costumbre, el vocero de la institución, coronel Orlando Palacios, no respondió ninguna de las llamadas telefónicas.
Núñez dijo que con estas reformas estarían convirtiendo al Ejército en “un protector de los intereses económicos de la familia Ortega Murillo”.
En la reforma al artículo 2 se le incorporan diez numerales más, destacando el numeral 11, en el que el presidente ordena “la seguridad y protección de los objetivos económicos y recursos estratégicos de la nación”.
LAS TELECOMUNICACIONES
En el numeral 15 se lee: “Participar, en coordinación con las instituciones competentes, en la protección de los sistemas de datos, registros informáticos, espectro radioeléctrico o afectaciones a los sistemas de comunicación nacional y lo dispuesto para los fines de la defensa nacional”.
El artículo 3, numeral 9 afirma que “por razones de seguridad y defensa nacional, participará en coordinación con el Ente Regulador establecido por la ley, en la elaboración de la reglamentación, normativas, directrices que se emitan sobre la ubicación, funcionamiento, seguridad, control, registro y protección de los puntos repetidores, sistemas de telecomunicaciones, telemática y de cualquier otra naturaleza”.
Dicho de otra manera, dijo Núñez, “próximamente vamos a ver militares en las empresas como Claro, Movistar, IBW, ya que van a necesitar control del Gobierno”, dijo el legislador. Agregó que esto no es más que la militarización total del Estado.
LA “GUARDIA NACIONAL”
Un militar en retiro que prefirió omitir su nombre, dijo que antes de esta reforma, el Ejército nunca había realizado control de las telecomunicaciones en el país, por lo que calificó esto como un “hecho preocupante”.
Núñez indicó que viene un régimen dictatorial, que necesita de “su nueva Guardia Nacional”.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,7 A
