Luis Felipe Palacios
Managua/EFE
Nicaragua ha acudido a Estados Unidos, un tradicional aliado de Colombia en el campo político y militar, para hacer cumplir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que definió la frontera marítima entre ambos países en el Caribe.
Una de las primeras acciones tomadas por Nicaragua tras el fallo de la CIJ, emitido el 19 de noviembre de 2012, fue la de autorizar el ingreso de tropas, naves y aeronaves militares de Estados Unidos con el fin de realizar operaciones antinarcóticos conjuntas en los nuevos espacios marítimos en el Caribe.
Esas operaciones se efectúan entre Nicaragua y Estados Unidos desde 2001 en el marco de un acuerdo bilateral para la cooperación y eliminación del narcotráfico, y la Asamblea Nacional, a petición del Ejecutivo nicarag ense, ha ampliado por dos años seguidos las patrullas conjuntas en esa área.
“Estamos trabajando con ellos” en las nuevas aguas nicaragüenses asignadas por La Haya, aseguró recientemente a periodistas la embajadora estadounidense en Managua, Phyllis Powers.
En opinión de analistas consultados por Efe, desde el punto de vista nicaragüense “pareciera ser una jugada estratégica”, debido a que Managua ha recurrido a EE.UU., un aliado natural de Colombia en el campo político y militar, para hacer cumplir la sentencia, que Bogotá considera aún “inaplicable”.
Hace un año, el máximo tribunal de las Naciones Unidas definió los límites marítimos de Nicaragua y Colombia en el Caribe, dejando bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Bogotá en 2007.
A Nicaragua le restituyó una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75,000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano estima en más de 90,000 kilómetros cuadrados, ricos en pesca y otros recursos naturales.
Pero Nicaragua, además de recurrir a un aliado tradicional de Colombia, ha acudido a su aliado histórico: Rusia.
A las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, la Asamblea nicaragüense le autorizó realizar operaciones en los “espacios marítimos delimitados” por la CIJ en el mar Caribe, del 1 de enero al 30 de junio de 2014, según la propuesta del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
“Tenemos acuerdo de cooperación para evitar el tráfico de ilícitos en el mar Caribe con los Estados Unidos y también coopera con nosotros el Servicio de Control de Drogas de la Federación de Rusia”, explicó a Efe el inspector general del Ejército nicaragüense, general de brigada Adolfo Zepeda.
Aseguró que el Ejército junto a EE.UU. y Rusia, por separado, han realizado operaciones antinarcóticos en esos espacios y argumentó que, como país soberano, Nicaragua no tiene que pedir permiso ni complacencia a ningún país para firmar esos convenios.
A finales de noviembre pasado Nicaragua demandó a Colombia en la CIJ por incumplir el fallo que definió la frontera marítima entre ambos países.
Esa demanda se suma a otra presentada por Nicaragua el pasado 16 de septiembre en la que pidió a la CIJ que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas, aumentando la presión contra Bogotá.
Colombia señaló que no desconoce el fallo de la CIJ ni a ese tribunal, sino que considera la sentencia como “inaplicable” hasta que se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos y que deberá ajustarse a la Constitución de ese país.
Sobre esta polémica, Powers se limitó a decir que ambos hablan “como países soberanos, gobiernos soberanos y van a resolver sus problemas en este asunto”.
La zona Caribe de Nicaragua es ocupada como corredor natural por el narcotráfico porque se encuentra entre Colombia y Estados Unidos, países utilizados para la producción y comercio de droga, aunque el Ejército dijo días atrás que los delincuentes están evadiendo entrar a esas aguas por la férrea vigilancia desplegada.
