Una de las expresiones de la situación actual es más que de crisis política de crisis de la política. La crisis política se da cuando por alguna circunstancia en una sociedad determinada se rompe el equilibrio de fuerzas del cual depende la estabilidad, sin que por ello se destruya ni la idea ni la misión de la política. En cambio, la crisis de la política se produce cuando esa condición natural de toda sociedad es afectada en su propia esencia debido a las prácticas del poder que busca, en el mejor de los casos, como legitimar su actuación. Creo que, en cierto sentido, y a nivel global, algo de esto es lo que actualmente está ocurriendo.
Desde el pensamiento de los filósofos griegos, hace más de dos milenios, se estableció que la sociedad es en esencia política y la política es en esencia social. Todo lo político es social y todo lo social es político, era la idea fundamental de la polys. De ahí que suponer que una comunidad humana, cualquiera que esta sea, puede prescindir de la política, o suponer que la política pueda darse al margen de la voluntad social, significa incurrir en una contradicción en los términos, pues la política no es otra cosa que la expresión de esa voluntad colectiva en la prefiguración de los objetivos comunes y de los procedimientos y mecanismos para alcanzarlos.
No obstante, esta idea que a pesar de todos los cambios en la historia ha resurgido en medio de las más profundas contradicciones, vuelve hoy a encontrarse la crisis y los desafíos que ella supone, al enfrentar no solo los “cambios en el mundo”, sino, sobre todo, un “cambio de mundo”.
Esta desnaturalización ha sido consecuencia de diferentes situaciones, entre las que, y mencionadas muy brevemente a manera de ejemplo, cabe destacar, las teorías neoliberales y las doctrinas del mercado total, que han pretendido que el bien común depende exclusivamente de las leyes de mercado; los fundamentalismos que han querido justificar la violencia de sus acciones, en dogmas radicales e irreductibles; y el neocaudillismo latinoamericano, que ha tratado de identificar la voluntad del pueblo con la voluntad omnímoda de quien ejerce el poder.
Frente a todas estas corrientes que identifican la política con el poder, convendría reafirmar que en lo esencial la idea de la política consiste en un movimiento de doble vía: la voluntad social, fuente de la soberanía, que da origen y legitimidad al poder; y el poder, así constituido, que debe, aunque con frecuencia no lo haga, tratar de resolver los problemas de la sociedad y alcanzar sus objetivos comunes.
En Nicaragua, con la presentación del proyecto de reformas constitucionales, el que ya fue dictaminado por la comisión correspondiente, se evidencia este problema cuya característica preponderante es hacer del poder un factor omnímodo, del que depende el derecho, la democracia, las instituciones y la política en general, aunque esto no sea presentado en esa forma.
Si observamos con mínimo detenimiento, percibimos que del 2007 a hoy se ha producido un proceso continuo de concentración de poder personal, el que se ejerce sobre los poderes, órganos e instituciones del Estado; los municipios; las organizaciones populares creadas para tratar de lograr un férreo control social; y más recientemente una serie de medidas orientadas a lograr un dominio pleno sobre la Policía y el Ejército.
Igualmente, y de acuerdo a sus intereses, no solo políticos, sino económicos y financieros, ha buscado un entendimiento con instituciones representativas del sector privado, consciente como está, que el poder, desde esa perspectiva, es una unidad que concentra los aspectos políticos, económicos, sociales, municipales, militares, etc.
El propósito de todas estas medidas, de las cuales forma parte medular la reforma constitucional, responde a una estrategia unitaria, cuya finalidad es buscar la concentración y permanencia indefinida en el poder y eliminar todas aquellas disposiciones orientadas a buscar la alternabilidad en el mismo y la pluralidad ideológica y política.
No otro propósito tienen una serie de medidas enunciadas en el proyecto, las que vistas separadamente pueden no dar la idea precisa que proporcionan cuando se les analiza relacionadas a la obtención de una finalidad determinada. En ese sentido el establecimiento de la reelección indefinida; la supresión de los porcentajes para ganar en una primera vuelta; la eliminación de la segunda vuelta; la eliminación de la prohibición de ideologías o partidos orientados al establecimiento de sistemas dictatoriales; la regulación constitucional de los comités regionales y territoriales; las reformas al sistema legal que regula al Ejército y a la Policía, estableciendo, no tanto una razonable subordinación, sino una dependencia personal al presidente de la República; la reforma de las leyes que regulan ambas instituciones para adecuarlas a los alcances de las disposiciones constitucionales, entre otras.
Todas estas medidas, y otras más que constituyen el núcleo estratégico de las reformas, devalúan el sentido y la naturaleza de la política, crean todo un sistema orientado a legalizar la existencia y ejercicio de un poder absoluto y lesionan profundamente la esencia de la democracia, elevando a rango constitucional formas de autoritarismo reñidas con las ideas y prácticas de la democracia.
Por eso el desafío de la política hoy, es el de restaurar sus numerosas fracturas, reconocer su finalidad y trascendencia en lo que debe ser su natural orientación al bien común, y superar la idea y práctica de entender y practicar la política como el arte del poder por el poder.
La democracia es una creación de la política, de la imaginación, observación e inteligencia del ser humano, no una práctica orientada a la creación de un poder ilimitado, en lo político, económico, financiero y social. Pretender hacer de la política en forma exclusiva el arte del poder, o el resultado automático de un aparato regido y justificado por la realización de sus propios intereses y ambiciones, es rechazar la libertad del ser humano y desconocer el drama del acontecer histórico.
En este sentido, como en otros, la crisis de la política es una crisis ética, desde el momento mismo que su pretendido desplazamiento, sea por el mercado, por los fundamentalismos, o por la voluntad omnímoda de caudillos que pretenden ser la forma de su realización, significa la desnaturalización de su verdadera identidad y la exclusión del ser humano y la sociedad en la construcción de su identidad y de su historia.
La política es en esencia ejercicio de ciudadanía, y en ese sentido es imprescindible la participación de esta en la construcción de políticas públicas y sociales y en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, sea a través de su acción colectiva o la de sus organizaciones, sea, además, a través de los partidos políticos que son las instituciones que deben servir de vasos comunicantes entre la sociedad y el poder. Por ello, es imprescindible restablecer los puentes y la capilaridad entre ciudadanía y partidos políticos, a partir de proyectos estratégicos, locales, departamentales, regionales y nacionales, desde los cuales se reafirmen el carácter social de la política y los principios de legalidad y legitimidad, constitutivos del Estado de Derecho y la democracia. El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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