SAN JOSÉ/AFP
Nicaragua y Costa Rica se mantienen a la expectativa del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), previsto para el viernes, sobre una carretera que construye el gobierno de San José en paralelo al fronterizo río San Juan.
El fallo se refiere a un pedido de medidas cautelares que Managua formuló contra el gobierno costarricense, por considerar que la obra ha provocado severos daños ambientales y que debió ser consultada previamente con las autoridades nicaragüenses.
La pretensión de Nicaragua es que la máxima corte de Naciones Unidas, con sede en La Haya, ordene a Costa Rica suspender la construcción de la vía que, no obstante, se encuentra prácticamente abandonada por circunstancias internas del país.
“Nosotros estamos esperando el pronunciamiento de la Corte con serenidad, estamos confiados en el trabajo que hicimos hace algunas semanas en La Haya”, durante la audiencia convocada por la CIJ para conocer los argumentos de ambas partes, declaró a medios locales el canciller costarricense, Enrique Castillo.
Dicho trabajo -agregó- “estuvo apoyado en abundante prueba científica hecha por expertos internacionales de renombre, que prueban que no se ha causado ningún daño al río San Juan”, indicó.
Sin embargo, “cualquier cosa que nos indique la Corte la vamos a respetar”, agregó el jefe de la diplomacia costarricense.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua se mostró hermético a pocas horas de conocer el fallo, incluido su representante en La Haya, Carlos Argüello, quien respondió telefónicamente a la AFP que “no me gusta comentar antes” de que se dicten las resoluciones.
No obstante, en declaraciones recientes a la televisión local, Argüello dijo que la carretera “se abrió para ocasionar el mayor daño posible al río. Entonces no cabe la más mínima duda que cuando venga la sentencia de fondo sobre eso, la Corte le va a dar toda la razón a Nicaragua”.
La vía se extiende unos 130 kilómetros siguiendo a una distancia de pocos metros el margen derecho del San Juan, que marca cerca de un 40% de la frontera común, de 312 km.
La obra fue pensada por el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla como respuesta a lo que calificó como una invasión de Nicaragua a su territorio, en el sector conocido como Isla Calero o Isla Portillos (Harbour Head para los nicaragüenses) en el extremo este de la zona fronteriza.
Un pleito más entre los dos vecinos
El conflicto por este terreno, unos tres km2 de humedales entre los ríos San Juan, el Colorado (un brazo del San Juan que penetra en territorio costarricense) y el mar Caribe, estalló en octubre de 2010 y ha llevado las relaciones entre ambos países centroamericanos al nivel más bajo de las últimas décadas.
Precisamente en relación con esta disputa, que también se ventila ante el tribunal de La Haya, la Corte ordenó a Nicaragua, el pasado 22 de noviembre, que se retire de la zona y suspenda la excavación de dos caños artificiales, que Costa Rica denunció han causado severos daños ambientales.
La CIJ tramita ambos asuntos, el de la carretera y el de Isla Calero, dentro de la misma causa. Para el gobierno costarricense, la carretera fronteriza era un tema de “seguridad nacional” ante la alegada invasión nicaragüense, así como una necesidad urgente para el desarrollo económico de las aisladas comunidades fronterizas.
Sin embargo, la obra iniciada en mayo de 2011 fue suspendida un año después, tras denunciarse una malversación millonaria de los fondos destinados a su construcción, uno de los peores escándalos de corrupción en el gobierno de Chinchilla. Actualmente, la ruta 1856 -conocida ahora por los costarricenses despectivamente como “la trocha”- se encuentra abandonada e intransitable.