Managua/ACAN-EFE
Diferentes organizaciones de Nicaragua alertaron hoy que las reformas a la Constitución, que darán la posibilidad de reelección indefinida al presidente Daniel Ortega, pueden “profundizar” la división entre los nicaragüenses y “empujará cada vez más” a “tomar el camino de la violencia armada”.
Organismos defensores de los derechos humanos, la principal cúpula empresarial y partidos políticos de oposición, expresaron este miércoles su rechazo a la enmienda constitucional que fue aprobada este martes por la mayoría sandinista en el Congreso (63 votos), más el voto del diputado liberal opositor Wilfredo Navarro.
“La familia Ortega-Murillo pretende consumar la primera parte del asesinato de la Constitución Política de la República de esta manera”, señaló en un comunicado el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), disidente del sandinismo y aliado de la oposición en el Congreso.
Para los disidentes sandinistas, esas reformas vendrán a “profundizar la división del pueblo nicaragüense, empujándolos cada vez más a tomar el camino de la violencia armada”, tal como ocurrió en 1979 contra el último de la dinastía, Anastasio Somoza Debayle.
“El orteguismo cierra las puertas a la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales”, advirtió ese colectivo.
Por su parte, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció en un comunicado que “las reformas tienen como objetivo constitucionalizar una dictadura dinástica peor que la de Anastasio Somoza, al concentrar el poder político y económico para la familia Ortega-Murillo (en alusión a la primera dama, Rosario Murillo) y su reducido círculo de adeptos”.
Según esa ONG, las enmiendas son “una de las mayores violaciones a los derechos humanos”, puesto que, a su juicio, “eliminan la democracia del país”. Las reformas constitucionales, que tienen que ser ratificadas en una segunda votación en la próxima legislatura para entrar en vigor, dan más poder y la posibilidad de reelección indefinida a Ortega.
El paquete de reformas también le dará potestad a Ortega para que sus decretos tengan rango de ley, poner a militares en instituciones civiles y mantener a los funcionarios de todos los poderes del Estado por el tiempo que estime conveniente.
En tanto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula empresarial de Nicaragua, dijo que no era posible impedir que los sandinistas cambiarán la Carta Magna, porque tienen mayoría en el Congreso, y por eso su estrategia se centrará en pedir “cambios” de las autoridades electorales.
“El sector privado no estaba de acuerdo con la reelección indefinida, lo que hemos planteado y seguimos planteando, es que se tiene que dar una reforma a la Ley Electoral que sea consensuada, para devolverle la credibilidad” al Consejo Supremo Electoral, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, en rueda de prensa.
Ortega tildó anoche de “traidores, peleles, vendepatria” a los diputados que votaron en contra de las reformas constitucionales. El presidente reaccionó así ante la decisión de 26 diputados de la oposición que rechazaron aprobar esas reformas, que incluyen el nuevo mapa de Nicaragua tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que definió los límites en el Mar Caribe con Colombia.
“Seguro que (el expresidente de Colombia Álvaro) Uribe estará contento y los estará felicitando por teléfono, los estará invitando a Colombia para apoyarlos, para financiarlos”, declaró Ortega, que no se refirió a la reelección indefinida ni a los puntos que le otorgan más poderes.
Actualmente Ortega es considerado el presidente de Nicaragua con más poder desde el dictador Anastasio Somoza Debayle pues su partido domina los cuatro poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como la mayoría de gobiernos municipales.
Además, es jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército. La próxima legislatura se iniciará en enero y en ella se espera la segunda votación de la reforma para entrar en vigor.