Multa y cárcel por robar luz

Vladimir Vásquez y Martha Vásquez

A partir de hoy, en cualquier inspección que la empresa distribuidora de energía eléctrica, TSK-Melfosur Internacional realice y determine que hay una conexión ilegal, podría empezar un proceso para aplicar sanciones a estos clientes y hasta la cárcel, si son reincidentes, esto si no utilizaron el periodo de 180 días para su regularización.

A última hora, centenares de personas llegaron a las diferentes sucursales de TSK, para hacer su solicitud de legalización, unos con tres, cinco y más años de consumir ilegalmente energía, por diferentes motivos.

Algunos consultados por LA PRENSA, dijeron estar ilegales por falta de trabajo y otros por cortes que realizó la empresa.

“Yo tengo un año (de estar ilegal), no había nadie en la casa, arrancaron el medidor, dijeron que estaba trabajado. Fácilmente se sacaron la multa y dejaron cortado”, dijo Concepción Díaz, una de las centenares de ciudadanas que llegó a hacer su solicitud de legalización este lunes.

Díaz le debe a TSK 55,000 córdobas, que ahora tendrá que cancelar mediante un arreglo de pago que debió realizar este lunes, último día otorgado por Ley para que los consumidores solucionen su situación.

Se calcula que por lo menos unas 200,000 personas se encuentran consumiendo energía eléctrica de forma ilegal, según cifras del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor (Indec).

Todavía no se conocen las cifras exactas de cuántas personas acudieron a las sucursales de la distribuidora en todo el país, para solicitar su legalización. LA PRENSA buscó declaraciones del gerente de comunicaciones de la empresa, Jorge Katín, pero este no contestó su teléfono celular.

Todo sigue igual

El presidente del INE, David Castillo, dijo que no habrá ningún nuevo procedimiento para detectar a los ilegales, por el contrario, se mantendrán las inspecciones rutinarias y se aplicarán las sanciones conforme establece la Ley.

“Lo mismo que se ha hecho rutinariamente, no habrá ningún cambio ni ninguna aceleración de nada, simplemente al que le encuentren consumiendo energía de forma ilegal, va a pagar sus multas respectivas”, dijo Castillo.

Además, el titular del INE, al igual que diputados sandinistas, se negaron a dar una ampliación a la prórroga solicitada por diferentes organizaciones de defensa de los consumidores, que pidieron noventa días adicionales para que las personas pudieran legalizarse, pues el INDEC, calculaba que a penas un 18 por ciento de personas realizó su solicitud, la razón principal, que muchos tienen miedo de ser sancionados inmediatamente y que no se les diera la oportunidad de negociar la deuda que arrastran.

“Ojalá sea cierto”

Otros “ilegales”, dijeron esperar que realmente todo este proceso sea verdadero y que la distribuidora cumpla con extender las líneas de transmisión hasta sus hogares y les instale un medidor.

“Yo he hecho este trámite varias veces con estas personas que también lo atienden muy mal a uno”, dijo otro ciudadano quien dijo que se dio cuenta hasta el lunes, de la amnistía, pues no había visto publicidad de la empresa.

El acceso a la justicia

Mientras tanto en los Juzgados capitalinos han ingresado 78 casos por aprovechamiento indebido de fluido eléctrico.

Por ejemplo, en el Juzgado Tercero Local Penal de Managua ingresaron tres casos durante este año, de estos uno ya concluyó con sentencia condenatoria de dos años de cárcel, el otro caso está suspendido porque el acusado está prófugo y el otro está en trámite, detalló el juez Ernesto Rodríguez.

El judicial explicó que la reforma al artículo 236 del Código Penal es que no solo el que roba la energía eléctrica será sancionado, como hasta ahora se venía haciendo, después de aprobarse la penalización en el 2008, sino que también se castigará con cárcel a quién realice la conexión ilegal.

El caso más reciente es el de Jorge Laguna Áreas, quien se presentará hoy a audiencia inicial en el Juzgado Segundo Local Penal de Managua, donde la Juez María Morales Alemán por aprovechamiento indebido del fluido eléctrico.

A Laguna lo señalan de escalar un poste de luz ubicado en Villa Fontana para desarmar un medidor de un negocio y cambiar la tarjeta de registro del mismo, con el fin de que registre un consumo menor de energía respecto al real ocasionando pérdidas a la empresa Disnorte-Dissur por extracción ilegal de energía eléctrica.

Instituciones ciegas

Mientras la sustracción ilegal de energía se penaliza, las quejas por alta facturación de parte de Disnorte-Dissur no tienen eco en las diferentes instituciones estatales, ya que el INE y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia siguen fallando contra el usuario, aunque tenga la razón dijo Ricardo Osejo, presidente de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Consumidores.

Un ejemplo claro es el de Auxiliadora Jirón quien desde agosto del 2012 está reclamando por una factura de 2,195.94 córdobas, cuando su consumo promedio histórico es de 700 córdobas.

Desde entonces mantiene la lucha por revertir ese cobro. El reclamo fue interpuesto ante el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) en septiembre del 2012. INE falló en su contra.

Después de cumplir con un largo proceso administrativo, Jirón recurrió de amparo ante la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, donde fue admitida en abril de este año y aún sigue a la espera de resolución.

Para Osejo, lo más sorprendente del caso de Jirón, es que cuando el INE realizó la inspección en el lugar, constató que en la casa no había medidor, por tanto tenía tarifa fija, la acometida estaba en mal estado con siete empalmes o añadiduras, es decir que la empresa distribuidora no estaba cumpliendo con el servicio a como manda la ley y aún así el INE favoreció a la empresa.

“En este caso como en la mayoría, el INE resolvió con una aberración técnica, pues encontró un sinnúmero de anomalías y aún así la mandó a pagar. Son cómplices descarados de Disnorte-Dissur”, dijo Osejo.

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