A finales de 1999 coincidí en un vuelo de Washington a Miami con Luigi R. Einaudi. Él viajaba a Tegucigalpa y yo a Managua.
Einaudi, retirado entonces del Departamento de Estado donde había ocupado importantes posiciones, y quien al siguiente año sería elegido secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), venía a Centroamérica como representante especial del entonces secretario general, el expresidente de Colombia, César Gaviria. Su misión: reducir las tensiones políticas y militares entre Honduras y Nicaragua, que habían escalado peligrosamente por la ratificación del Tratado López-Ramírez de delimitación marítima entre Honduras y Colombia. El escalamiento de tensiones fue tal que ejércitos de ambos países tomaron posiciones muy cercanas a la frontera. La gestión de Einaudi fue exitosa y los dos países aceptaron esperar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El asunto fue, desde luego, objeto de nuestra conversación, la que rápidamente derivó, por parte de Einaudi, a un tema que era entonces común en los debates sobre Nicaragua y se mantenía como preocupación del gobierno norteamericano: que el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar de Nicaragua, que se había adoptado después de complejas y difíciles negociaciones durante el gobierno de Violeta Chamorro, no se correspondía con el “ideal” democrático de subordinación plena del poder militar al civil.
Se refería Einaudi a la Ley 181, aprobada el 23 de agosto de 1994 en uno de los puntos culminantes de nuestra transición a la democracia, y de la capacidad de negociación que entonces mostraron los principales dirigentes de nuestro país. Esa ley —y esta era la preocupación de Einaudi y del gobierno norteamericano, y también del liderazgo antisandinista de entonces—, en gran parte sustrae del poder civil al proceso de organización y funcionamiento interno del Ejército, incluyendo la sucesión en la cadena de mandos, las cuales están regidas por criterios eminentemente profesionales, sin contaminación partidista y menos de intereses políticos personales. Y, si se quiere, hasta tiene el elemento corporativista que dota al Ejército de su propio Instituto de Previsión Social y de empresas que lo alimentan.
—Mira Luigi —comenté frente a sus preocupaciones—, esa ley quizá no pase un examen de posgrado de organización democrática, pero es lo mejor que nos puede haber ocurrido en nuestro proceso de construcción democrática. Te imaginás —le pregunté—, que Alemán, presidente entonces, en sus desmanes caudillescos, se pueda entrometer en la organización, funcionamiento y sucesión de mandos del Ejército. Muy pronto —le dije—, volveríamos a tener guardias personales, familiares, pretorianas. Y recuerdo haberle explicado que parte de nuestro proceso de construcción democrática era que habíamos desprivatizado el monopolio de la fuerza que, por primera vez en nuestra historia, había pasado a ser monopolio del Estado a través de la ley. Antes —le explicaba—, tuvimos Ejército sandinista, de un partido, guardia somocista, de una familia, y ejércitos de facciones partidarias, liberales o conservadoras.
Esa ley —le continué explicando—, ha amparado un notable proceso de institucionalización y profesionalización de nuestras fuerzas armadas y, consecuentemente de su prestigio y respeto. Para entonces pude mencionarle que esa institucionalización había implicado la sucesión en la jefatura del Ejército de Humberto Ortega, su principal fundador, a Joaquín Cuadra, otro de sus fundadores. Y ahora podría mencionarle que los sucesivos relevos en esa jefatura militar de Javier Carrión, Omar Halleslevens y Julio César Avilés, han ocurrido sin ningún trauma.
Recuerdo que Einaudi, después de meditar, me dijo que ese era un ángulo del problema que no había visto antes. Y agregó algo así como que lo tendría que comunicar. ¿A quiénes?, no lo dijo, aunque sea fácil imaginarlo, pero si lo escribo es porque no temo ser desmentido.
Todo ese proceso de institucionalización del Ejército, que hace 14 años exactos tuve la oportunidad de argumentar y defender, está en riesgo con la propuesta de reformas a la Ley 181 que Ortega ha enviado a la Asamblea Nacional, al calor de las reformas constitucionales que ya fueron aprobadas en primera legislatura.
Si entonces temí que los desmanes caudillescos de Alemán pudieran contagiar de partidarismo político a un ejemplar proceso de institucionalización de nuestras fuerzas armadas, entiéndase la indignación que siento cuando por los desmanes caudillescos y antidemocráticos de Ortega, se trata de arrastrar a una de nuestras más importantes instituciones a la vieja confusión familia-partido-ejército. El autor es fue candidato a la vicepresidencia de Nicaragua
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