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El abogado y oportunidades laborales

Leónidas Tapia Sánchez

El Diario LA PRENSA, el 16 de octubre del corriente, publicó un reportaje titulado: “Sobreoferta de abogados en el país”, según el cual hasta esa fecha existen 21,007 abogados y notarios incorporados en el poder judicial. Esto efectivamente demuestra que hay mucho profesional del Derecho y poco empleo formal para ellos, convirtiéndose en un fenómeno laboral y sociocultural que también al igual que los abogados, viven otros profesionales en Nicaragua.

Algunos abogados ejercen su profesión por cuenta propia, donde en muchos casos los honorarios percibidos no son proporcionales al trabajo realizado. Hay abogados inclusive, que toman casos que no son de su especialidad, con el objetivo de “obtener clientela”, sin importar el conocimiento que se tenga en la materia. No olvidemos que el Derecho, al igual que la Medicina, tiene muchas especialidades que requieren estudio, investigación y continua capacitación.

La calidad profesional de un abogado está prioritariamente en sus manos. La universidad solamente le otorga las herramientas básicas para ser utilizadas en la práctica. Por eso, también es necesario que los docentes fomenten el carácter autodidacta del estudiante, así como el estudio de otras ramas del Derecho o carreras conexas ya que la competitividad es cada vez mayor.

La Ley manda a realizar convocatorias públicas para nombrar jueces, defensores públicos, magistrados, entre otros. Lamentablemente dichas convocatorias en el poder judicial se hacen pero de manera “interna” donde solamente concursan quienes trabajan dentro de sus filas, quedando proscritos los que no formen parte de este poder del Estado.

En el caso del Ministerio Público o Fiscalía, ocurre un fenómeno similar, a diferencia que la Fiscalía recibe contraproducentemente, mucho menos dinero del presupuesto que el poder judicial. La última convocatoria pública realizada por la Fiscalía fue en el año 2005, de ahí a la fecha, han hecho solo convocatorias internas.

La Fiscalía es la institución estatal a cargo de acusar o ejercer la acción penal en todos aquellos delitos de acción pública y de acción pública a instancia privada en todos los juzgados locales y de distrito del país. Si sumamos los nuevos delitos creados con la Ley 779, entre otros, en Nicaragua deberían existir como mínimo 600 fiscales, pero actualmente hay 300 aproximadamente. Esto ocasiona más carga laboral a los fiscales y por ende, un deficiente servicio público en algunos casos, ya que los fiscales tienen que “hacer de tripas corazón” para brindar respuestas a la población y aún con un salario desproporcionado.

El Gobierno, a sabiendas de la sobreoferta de abogados existente, y de las necesidades de instituciones como la Fiscalía, debería de tomar más en cuenta a este segmento profesional, sin olvidar lógicamente al resto de profesionales de otras carreras, y crear políticas públicas (mayor asignación presupuestaria) de incorporación del mencionado segmento a las instituciones del Estado, además de las convocatorias públicas mencionadas.

Se debe dar la oportunidad de concursar a todo profesional del Derecho que reúna los requisitos y donde lógicamente los más sobresalientes se destaquen, tomando en cuenta su currículum: licenciaturas, maestrías, posgrados, especializaciones, experiencia profesional o docente, su ética, entre otros aspectos.

No se trata de cerrar la carrera de Derecho sino de profesionalizarla más y dignificarla, con calidad docente, recursos materiales, continua capacitación y oportunidades laborales, y así darle el lugar que merece esta “noble profesión”. El autor es Abogado, Docente y Ex Fiscal Del Ministerio Público.

Opinión abogados oportunidades archivo

COMENTARIOS

  1. Alberto Martínez
    Hace 10 años

    Sería bueno que los abogados, que se entiende conocen la Ley, exijan a las instancias correspondientes que se realicen las convocatorias públicas para nombrar jueces, defensores públicos, magistrados, fiscales, etc. Es una manera de presionar porque se cumpla con la Ley o por lo menos que quede en evidencia como las mismas instancias que deben aplicar la Ley no la cumplen.

  2. Ruben
    Hace 10 años

    Jajajaja, Ud. vive en la hacienda de ortega? (con minuscula pues no merece respeto dicho sujeto)

  3. lfz
    Hace 10 años

    Muy cierto colega, las auditorias legales al igual que las de medicina, nos demostrarían el perjuicio que puede ocasionar el no saber y hacer, lo que ocasiona daños a los particulares y al mismo estado, sin que nadie asuma las consecuencias.

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