Valencia/EFE
El juicio contra Rafael Blasco, exmiembro del gobierno regional de Valencia (este de España) y otras ocho personas por apropiación de ayudas destinadas a proyectos desarrollo en Nicaragua a través de la ONG “Cyes”, comenzó hoy en un tribunal valenciano.
Las nueve personas están acusadas de tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación y fraude en la concesión a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) de 1.8 millones de euros (unos 2.45 millones de dólares) para proyectos en Nicaragua, por el gobierno regional de Valencia para la cooperación al desarrollo.
Pero sólo 43,000 euros (unos 58,538 dólares) llegaron al país centroamericano, según documentos judiciales.
El abogado de Blasco, Javier Boix, alegó este martes vulneración de derechos de su cliente y reclamó unir en una única pieza todo el “caso Cooperación”, que investiga el supuesto fraude en las subvenciones del gobierno regional valenciano a la cooperación internacional.
El juicio, que se prevé que se prolongará varias semanas, se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y las dos primeras sesiones están dedicadas a las cuestiones previas.
Al llegar al tribunal, Blasco declaró a los periodistas estar “convencido completamente” de su inocencia, con la “conciencia muy tranquila” y la convicción de no haberse “aprovechado nunca de ningún cargo público” por el que ha pasado.
En marzo de 2012, El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia fijó una fianza por responsabilidad civil de 1.9 millones de euros (2,587 millones de dólares) a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, fundada por Blasco.
“Con el dinero público destinado a mejorar las condiciones de vida de Nicaragua, Cyes adquirió cuatro inmuebles en Valencia por un importe de 969,875 euros”, indicó un auto judicial que data de esa fecha.
La fianza se fijó inicialmente sobre el presidente del patronato de la citada fundación, Marcial López, pero se constató que sus bienes eran insuficientes para hacer frente a esta cantidad, por lo que el Ministerio Fiscal solicitó que se hiciera responsable civil subsidiaria a la entidad.