WASHINGTON/AFP
Febriles negociaciones diplomáticas y manifestaciones buscaban evitar la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, prevista para este miércoles en Texas, que sólo la Suprema Corte podría detener con un fallo de último momento.
Tamayo Arias, de 46 años, debe ser ejecutado con inyección letal a las 18:00 locales (00:00 GMT) en la cámara de la muerte de Huntsville, en Texas (sur de Estados Unidos). “Seguimos intentando todas las opciones de apelación para hacer valer el derecho del señor Tamayo al examen de la violación de sus derechos consulares”, dijo uno de los abogados del mexicano, Maurie Levin, pocas horas antes del momento previsto para la ejecución.
Luego de un recurso ante una Corte de Apelaciones de Texas, los abogados de Tamayo presentaron las últimas apelaciones ante la Suprema Corte: una que se apoya en la violación de sus derechos consulares y otra que se propone reabrir la discusión sobre su eventual retraso mental.
Una lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales intentaban a último minuto evitar la muerte del mexicano, condenado por el asesinato de un policía en 1994 en Houston, pero privado de sus derechos consulares, en violación de la Convención de Viena.
La Convención de 1963, ratificada por 175 países incluido Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares, tras ser informado de sus derechos.
El martes por la noche, un juez federal de Texas rechazó una demanda para postergar la ejecución del reo y volver a revisar su caso, como decidió la Corte Internacional de Justicia en 2004, al determinar que se le había proporcionado un “procedimiento justo”.
“Estamos decepcionados por este fallo”, afirmaron los abogados de Tamayo Arias al anunciar su intención de “continuar luchando por el derecho de Edgar a que se revise su caso”.
Varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denuncian “la violación vergonzosa del derecho internacional” tanto en este caso como en los de unos cincuenta mexicanos que se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos.
La ejecución de otro mexicano, Ramiro Hernández de 44 años, fue fijada el martes para el 9 de abril en Texas.
“Continuaremos intentando que se respete este fallo (de La Haya) antes de cada ejecución, pero, a final de cuentas, estas decisiones están en las manos de los Estados”, afirmó recientemente Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para América Latina.
Presiones políticas y diplomáticas
El martes, el gobierno federal estadounidense ejerció su presión sobre el Estado de Texas, mientras que el gobierno mexicano volvía a manifestar su rechazo a que Tamayo Arias sea ejecutado.
“Simplemente pedimos se postergue la ejecución hasta que podamos ver si el hecho de que no gozó de sus derechos consulares conforme a la Convención de Viena fue perjudicial”, resumió la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf.
A fines de 2013, el secretario de Estado John Kerry ya había solicitado una prórroga para Tamayo Arias ante el gobernador de Texas, Rick Perry, al insistir sobre “la obligación de Estados Unidos ante el derecho internacional” y las inevitables repercusiones que podría tener para los estadounidenses detenidos en el extranjero.
El tema fue nuevamente tratado el viernes entre Kerry y su homólogo mexicano en Washington, mientras que funcionarios de los Departamentos de Estado y Justicia hacían lo propio en Texas.
Por su parte, el gobierno mexicano reafirmó “su rechazo a la ejecución (…) en clara violación a las obligaciones internacionales de Estados Unidos”.
Sin lágrimas y resignado
“Nos dice a su mamá y a mí, pues que seamos fuertes, porque solamente Dios dice la última palabra. Él está resignado con lo que pase”, contó Héctor Tamayo, padre de Edgar Tamayo Arias, el martes en una entrevista radiofónica con el mexicano Grupo Fórmula desde Huntsville, Tamayo Arias debía tener la mañana de este miércoles una reunión, que podría ser la última, con sus padres y dos hijas.
En Cuernavaca, una ciudad del centro de México, unas 200 personas marcharon el martes para protestar contra su ejecución.
En Ciudad de México, frente a la embajada de Estados Unidos, otro centenar de integrantes de una organización defensora de los derechos de los inmigrantes llamó a anular la pena capital.
A su vez, organizaciones pro derechos humanos y de apoyo a inmigrantes se manifestaron en la región de Cuernavaca en “espera de una reflexión” por parte del gobernador de Texas, Rick Perry.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó en redes sociales que “todo indica que se impone arrogancia y falta de respeto a Tratados y resolución de Corte Internacional de Justicia”.
En total 96 latinoamericanos aguardan en los corredores de la muerte en cárceles estadounidenses, más de la mitad de ellos (58 personas) de nacionalidad mexicana.
La lista incluye nueve cubanos, 10 salvadoreños, cinco colombianos y 5 hondureños, así como detenidos de Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Argentina, así como un español.
Desde la reinstalación de la pena capital en Estados Unidos, 17 ciudadanos latinoamericanos fueron ejecutados, en su franca mayoría mexicanos, de acuerdo con la ONG Death Penalty Information Center.
