Tatiana Rothschuh
Fuerzas especiales de la Policía Nacional disolvieron ayer con bombas lacrimógenas, cachiporras y balas de goma, una protesta que desde el miércoles mantenían más de 500 reclusos del penal de Cuisalá, en Juigalpa, Chontales, ante las medidas restrictivas adoptadas por la dirección penitenciaria.
Anoche no se precisaba el número de heridos, golpeados y afectados, entre ellos reclusos con enfermedades crónicas. El alcaide Darling Morales Duarte no dio la cara a los periodistas, quienes no pasaron de la entrada al penal.
El amotinamiento en la preventiva policial que también funciona como penal, se registró de las 8:00 a.m a las 10:30 de la mañana.
El portavoz regional de la Policía Rolando Coulson manifestó que los reos destruyeron portones y paredes entre las celdas 7, 8, y 9.
Sergio León
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Al lugar llegaron efectivos del V Comando Militar, quienes se desplazaron hacia las cuatro galerías, donde según autoridades penitenciarias, restauraron el orden.
El jefe militar Carlos René Paniagua explicó que en el marco de los planes de cooperación, el sistema penitenciario requirió del apoyo del Ejército para enfrentar “una situación de desorden” y se limitó a decir que “la situación la está controlando la autoridad del sistema”.
Al penal solo fue permitida la entrada de una unidad del cuerpo de bomberos. El conductor operario Gustavo Zeledón fue obligado por las madres a detener su marcha a la salida del penal para corroborar que no llevaba heridos.
Mientras líderes de una comisión de privados de libertad insistían, vía telefónica, en que su protesta era pacífica y pedían la presencia de funcionarios con quienes firmaron acuerdos en enero del 2013, exigiendo su cumplimiento.
LARGA REPRIMENDA
Los reos recibieron la reprimenda a las 12:30 del mediodía y se prolongó hasta el anochecer.
Los privados de libertad se declararon en huelga de hambre el miércoles y cerraron las entradas a las galerías con alambres de púas para no permitir el ingreso a los custodios.
Marcos José Suárez Rivas, del comité de internos, dijo momentos antes de la represión, que el hacinamiento los tiene en un estado lamentable, con problemas de salud, alimentación y que resentían las medidas para requisar a sus familiares, pues sostiene que están desnudando a las mujeres y niños.
Pedían la presencia del viceministro de Gobernación, Carlos Nájar, jueces, fiscal, magistrado, procuradora de Cárceles y los Derechos Humanos, ya que cuentan con más de 40 reos que cumplieron su condena y se rehúsan a ponerlos en libertad y con 160 enfermos crónicos.
