Daniel Ortega. La Prensa/Archivo
Demanda civil contra Ortega en California
En un tribunal de Distrito Sur en Estados Unidos, en San Diego, California, regido por la jueza Cathy Ann Bencivengo, se ventila la demanda civil 3:13-CV-01587-CAB-KSC, cuya audiencia inicial fue el pasado 17 de enero.
Moisés Martínez y Francis García Kreimann
En un tribunal de Distrito Sur en Estados Unidos, en San Diego, California, regido por la jueza Cathy Ann Bencivengo, se ventila la demanda civil 3:13-CV-01587-CAB-KSC, cuya audiencia inicial fue el pasado 17 de enero.
Este es uno de los tantos miles de procesos que se llevan a cabo en ese tribunal y no tendría ninguna relevancia pública en Nicaragua, sino fuera porque se trata de una acusación por tortura y asesinato contra el presidente inconstitucional Daniel Ortega, el coronel en retiro Lenín Cerna, titular de la temida Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) en la década de los años 80, Marcela Pérez, viuda del fallecido dirigente sandinista Tomás Borge y actual embajadora de nuestro país en Perú, y tres personas más.
La demanda civil es por la muerte y tortura del ex coronel de la Guardia Nacional, José Ramón Silva Reyes, en 1983, hecho de los cuales se acusan a Ortega, al coronel Cerna y a Tomas Borge Martinez. Dado que éste está muerto, la acusación fue ampliada a la embajadora Pérez, en su carácter de representante legal del patrimonio del fallecido comandante sandinista.
Las otras tres personas mencionadas en la demanda a se le señala de estar supuestamente confabuladas para apresar a uno de los demandantes en 2012, en presunta represalia por su supuesta insistencia en encontrar a los responsables de la muerte del coronel de la Guardia Nacional.
LA PRENSA presentó una consulta formal y por escrito sobre este caso en la Secretaría del Frente Sandinista, la cual fue recibida por los agentes policiales. Sin embargo, al cierre de esta edición esta no había sido contestada.
La demanda fue presentada por los hermanos Anibal y Ramón Silva Reyes, hijos del fallecido ex coronel de la Guardia Nacional. Sin embargo, aunque el proceso legal se esté llevando tan lejos de Nicaragua, el presidente Ortega y los demás acusados son defendidos por el bufete de abogados estadounidenses Foley Hoag, con sede en Washington D.C.
ABOGADO DE LA HAYA DEFIENDE A ORTEGA
Los abogados personados como defensores de Ortega y a todos los demás acusados en este proceso son Paul Scott Shukan, Jeffrey B. Valle, Andrew Z. Schwartz, Janis H. Brennan y Paul S. Reichler. Este último incluso forma parte del equipo de abogados a cargo de representar a Nicaragua en los litigios territoriales que enfrenta en la Corte Internacional en la Haya.
LA PRENSA llamó el viernes pasado al bufete Foley Hoag Washington D.C. en busca de contactar a Reichler. Su asistente nos dijo, en perfecto español, que el señor Reichler se iba a referir a este caso posteriormente, y que para eso él iba a contactarse con nosotros durante el fin de semana. Dimos nuestros datos, pero el Reichler no se contactó con nosotros.
Este grupo de abogados hizo diversas gestiones legales de cara a la audiencia e incluso hizo consultas con un abogado nicaragüense para que esté determinase algunos aspectos legales de la legislación de nuestro país para preparar mociones de defensa a favor de sus defendidos.
Aníbal Silva Reyes, uno de los demandantes, dijo que desconocen a ciencia cierta quien le estaba pagando a estos abogados, pero que de acuerdo al intercambio de documentos que han formado parte del proceso han conocido que este bufete privado estaría siendo subcontratado por otro bufete radicado en Washington, y que el carácter de la defensa era privada.
“A ellos los están defendiendo en su carácter personal. Nosotros en ninguna parte del proceso hemos visto algún documento oficial emitido por el gobierno de Nicaragua. Es una defensa privada y desconocemos quién está pagando a estos abogados”, dijo Aníbal Silva Reyes, vía telefónica, desde Estados Unidos.
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El 14 de abril de 2005, los hermanos Silva Reyes mandaron una carta a la presidenta del Cenidh, Vilma Nuñez Escorcia, en la que solicita se investiguen la muerte de su padre.
Un escrito en términos similares fue presentado ante Louise Arbour, en ese entonces a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en las Naciones, con sede en Ginebra, Suiza, el 28 de abril del 2005.
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ABOGADO DE CONSORTIUM FUE CONSULTADO
El abogado consultado en Nicaragua es Gerardo Martín Hernández, del bufete Consortium Taboada y Asociados. Este mismo despacho legal ha estado vinculado a algunas de las operaciones más importantes del gobierno en los últimos meses, como la adjudicación directa (sin proceso de licitación) del contrato para la construcción del canal interoceánico a la empresa HKND, representada por el empresario chino Wang Jing y contrato de 15 millones de dólares concedido por la Dirección General de Aduanas por el servicio de escaneo de mercancías a Alvimer, una empresa de maletín radicada en Panamá.
LA PRENSA trató reiteradamente de contactar a Gerardo Martín Hernández. Las veces que lo llamamos se nos dijo que no se encontraba en la oficina o en reunión. Cuando nos presentamos en Consortium Taboada y Asociados se nos dijo que se encontraba fuera de Managua.Dejamos nuestros datos y el interés de nuestra consulta, pero el abogado Gerardo Martín Hernández no se puso en contacto con nosotros.
Igualmente llamamos a José Evenor Taboada, socio principal de la firma, para que nos apoyara en contactar a Gerardo Martín Hernández. Nos contestó su esposa, quien amablemente nos dijo que le daría el mensaje. Hasta el cierre de esta edición, nuestra consulta no había sido respondida.
ABOGADO OPINÓ QUE DEMANDA ERA IMPROCEDENTE
De acuerdo a los documentos del juicio al que tuvo acceso este diario, a consulta del bufete de abogados estadounidenses, Gerardo Martín Hernández brindó un contexto legal favorable para los acusados. No queda claro porque precisamente él fue seleccionado para brindar dicha consulta.
“He sido preguntado por los abogados de los demandados Daniel Ortega, Lenín Cerna, Marcela Pérez, Geysel G. García, y Gaudy I. Medrano (Los demandados) en la acción con subtítulos arriba, a dar mi opinión de experto sobre si el intento de los demandantes para acusar a los demandados fue efectuada según las formas prescritas por la legislación de Nicaragua para el servicio, en un recurso interpuesto en los tribunales de jurisdicción general”, cita una parte de las mociones presentadas por el abogado Gerardo Martín Hernández. (Ver documentos en inglés adjuntos en edición de la web).
En síntesis, después de un exponer un amplio análisis sobre lo que considera son las leyes pertinentes, el abogado Gerardo Martín Hernández establece que la demanda presentada por los hermanos Silva Reyes no fue conducida por medio de los procesos legales establecidos en las leyes nicaragüenses. Por lo tanto, asegura que la demanda debería ser declarada improcedente por la jueza Cathy Ann Bencivengo. Estos documentos están disponibles en inglés en la versión digital de esta nota.
“Las leyes de Nicaragua no permite a los particulares entablar un proceso ya sea por correo (convencional), correo electrónico o cualquier otro medio. Bajo las leyes de Nicaragua, sólo el secretario de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Tribunal del Distrito Sur de California podría haber transmitido el servicio en la acción de los demandantes contra los demandados”, señala el análisis del abogado Martín Hernández, presentado en el juicio. “En ausencia de una apostilla emitida por el secretario de la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de California (u otro funcionario autorizado por el Gobierno de los Estados Unidos) y fijada a la citación y demanda, ni el Ministerio nicaragüense de Relaciones Exteriores, o de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua podría haber sido convencido de que la citación y demanda enviados por los demandantes a través de mensajería eran auténticos, y por lo tanto, se les prohíbe legalmente que les presten servicio a los demandados”, añade.
LOS RESTOS DE SU PADRE y unA COMPENSACIÓN
Ramón Silva Reyes, otro de los demandantes, asegura que lo buscan por medio este proceso es que en primer lugar, que el Estado reconozca el hecho cometido en 1983 y que se les diga en donde se encuentran los restos de su padre.
“Buscamos que el Estado nos compense porque mi madre, mis hermanos, mi familia, hemos sufrido con todo esto. Incluso a mi madre le quitaron una propiedad que ella poseía y a mi apresaron de forma injusta, me golpearon y me tuvieron retenido por ocho meses en la celdas de Diriamba en el 2012, usando en mi contra una acusación falsa. Si solo logre salir de ahí fue por las gestiones que hizo a mi favor la Embajada de Estados Unidos, dado que soy ciudadano estadounidense”, relató.
LA DESAPARICIÓN DE SILVA REYES
A raíz del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, el coronel José Ramón Silva Reyes se asiló en la Embajada de Guatemala, donde permaneció en espera de un salvoconducto.
Pero, de acuerdo a la carta presentada ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en 2005, se publicó un comunicado del en ese entonces Ministerio del Interior (Mint) en el que se informaba que el coronel Silva Reyes se había fugado de la embajada, y se desconocía de su paradero.
“En el año 1985, en la búsqueda de información de nuestro padre, con diferentes personas, conocí al jefe de la comisión especial de investigaciones sobre aspectos internos del Mint y sobre derechos humanos y desapariciones, de nombre Alvaro Baldizón Avilés, y me dijo que buscará la forma de exigir que se aclarara la desaparición de mi padre”, cita la carta enviada al Cenidh.
De acuerdo al relato, Baldizón habría confiado que en una de las cárceles de la DGSE estaría el coronel Silva Reyes sometido junto a otras personas sometidos a tortura físicas y psicológicas por órdenes de los jefes de esta instancia adscrita al Mint.
“Aclaro que esta denuncia no tiene pruebas tangibles ni testificales para poder presentar una denuncia en los juzgados. Solo cuento con el relato de los hechos por parte de uno de los antiguos miembros de la desaparecida jefatura del Mint”, cita el escrito presentado ante el Cenidh. El caso ha permanecido congelado, hasta que en el año pasado, se convirtió en el expediente 3:13-CV-01587-CAB-KSC del tribunal de Distrito Sur de San Diego, California.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
