SAN JOSÉ/AFP
Costa Rica goza de una extendida fama de “democracia verde”, pero las presiones del crecimiento multiplicaron su deuda ecológica en la última década, lo que plantea un desafío urgente para el gobierno que resulte electo el domingo.
Los casi 2.5 millones de turistas que visitan el país cada año se maravillan de la belleza de los parques y reservas naturales, que constituyen el 25 por ciento del pequeño territorio costarricense (51,100 km cuadrados), y en los cuales se conserva una rica biodiversidad.
El director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, dijo que la mayoría de los agentes estarán en las cercanías de los centros de votación para garantizar el orden y la seguridad del material electoral desde el sábado.
Los policías también brindarán seguridad en las oficinas centrales y regionales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como en todos los centros de votación y sitios de transmisión de datos habilitados en todo el país.
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Costa Rica es el único país de América y uno de los pocos del mundo que han prohibido la caza deportiva, y logrado mantenerse libres de la minería a cielo abierto y de exploraciones y explotaciones petroleras.
Pero las playas paradisíacas, los poblados bosques y los imponentes volcanes ocultan problemas que los expertos señalan desde hace tiempo: la deficiente administración de las áreas protegidas, la creciente contaminación del aire, del suelo y de las fuentes de agua, entre otros.
AGENDA VERDE AUSENTE DE DEBATES PRESIDENCIALES
Pese a los problemas, considerados graves por el movimiento ecologista, el tema ha estado prácticamente ausente de los debates entre los candidatos presidenciales, aunque sus programas de gobierno contengan algunas referencias.
Los programas de los candidatos Johnny Araya del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN, derecha), del joven ecologista José María Villalta del Frente Amplio (izquierda), y Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC, centro), coinciden en su visión del problema.
Declarar el acceso al agua como un derecho humano e incluirlo en la Constitución; cambiar la matriz del transporte urbano para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles; mantener la moratoria de la minería a cielo abierto o prohibirla “ad perpetuam” por ley, son algunos planteamientos.
También hay coincidencia en la necesidad de fortalecer las áreas protegidas, estableciendo la obligación del Estado de dotarlas de recursos para su mantenimiento, así como impulsar políticas para prevenir y sancionar la tala ilegal.
Pero los ambientalistas lamentan la escasa concreción de esas propuestas y la ausencia de un compromiso expreso de los candidatos de alcanzar ciertas metas urgentes.
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