Gloria Picón y Humberto Galo
Además, el presidente no estaría obligado a presentar personalmente el informe anual ante la Asamblea Nacional, obligación que Daniel Ortega ha violentado. Solo en el primer año de su segundo mandato llegó al Parlamento a presentar su informe y en los años siguientes el informe lo ha presentado por escrito la asesora legal de la Presidencia.
También se constitucionaliza el eslogan del gobierno al incluir como valores de la nación los valores cristianos, ideales socialistas y las prácticas solidarias. Los artículos reformados fueron 51.
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Con la ausencia de los diputados de la oposición en el hemiciclo se aprobó en su totalidad la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, con la cual el presidente inconstitucional Daniel Ortega, y quienes le sucedan en la Presidencia, podrán reelegirse una y otra vez.
Los aplausos de los oficialistas y una enorme sonrisa del jefe de la bancada sandinista Edwin Castro sellaron la reforma, que fue aprobada en primera legislatura el 10 de diciembre de 2013 y ratificada el 28 y 29 de enero en segunda legislatura, sin mayores cambios que los realizados en diciembre, cuando se omitió la palabra “veneración” a la Madre Tierra por respeto a esta y se sustituyó Gabinetes de Familia por Consejos Sectoriales.
Los opositores, miembros de la sociedad civil, la Iglesia católica y gran parte de las iglesias evangélicas sostuvieron que las reformas realizadas por el oficialismo no son necesarias para Nicaragua, ya que están encaminadas a la concentración de un poder absoluto.
POLICÍAS Y MILITARES EN EL EJECUTIVO
Estas reformas que entrarán en vigencia una vez que sean publicadas en el diario oficial La Gaceta, permiten que los policías y militares ocupen cargos en el ejecutivo y se legaliza que los funcionarios con cargos vencidos puedan mantenerse en sus cargos hasta que la Asamblea realice una nueva elección.
Los opositores y sociedad civil han cuestionado las reformas a la Constitución indicando que son ilegítimas desde su origen, ya que están montadas tras el fraude electoral de noviembre del 2011 cuando el oficialismo se alzó con 63 diputados en el parlamento, lo cual le da una mayoría más que calificada para hacer las reformas que consideren necesarias sin negociar con otras fuerzas políticas.
El legislador Edwin Castro defendió la legitimidad de la reforma alegando que la Ley dice que “se requieren 56 votos y (la misma) se hizo con 65, eso es un poco más que 56, es más que legítimo”, manifestó.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, indicó que la reforma constitucional es un “asunto que fue cerrado por el FSLN”, pero que esperan que con la celeridad con que fue aprobada sea aprobado el nombramiento de los funcionarios con cargos vencidos.
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