Madrid/EFE
El Gobierno español intentará minimizar el “impacto” en las arcas públicas de los avales que aportó a la empresa Sacyr en 2009 para que optara al contrato para la ampliación del Canal de Panamá, dijo hoy el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
De Guindos respondió así al ser preguntado por la ruptura de las negociaciones entre el consorcio de empresas liderado por Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá tras no conseguir acercar posiciones sobre unas divergencias financieras en el proyecto.
En declaraciones a los medios antes de participar en un almuerzo organizado por la firma Deloitte y la asociación para el Progreso de la Dirección, De Guindos declaró que “si de alguna forma se confirman las noticias de la ruptura de las negociaciones sería una mala noticia para todas las partes, porque creemos que existía una alternativa que era mejor para todos”.
Descartó la posibilidad de que algún representante del Gobierno español viaje a Panamá, al afirmar que “ya se han hecho todas las gestiones” y que lo que toca ahora es tratar de que las fianzas y garantías aportadas por el Gobierno no tengan un impacto en las cuentas de los contribuyentes.
En 2009 el anterior Gobierno concedió un aval a Sacyr de cerca de 160 millones de euros (unos 216 millones de dólares)a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) en el marco del concurso para optar a las obras del Canal de Panamá.
El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, aseguró hoy a EFE que el consorcio “no puede hacer nada más” tras la ruptura de las negociaciones con la Autoridad del Canal, aunque mostró su deseo de seguir buscando una solución.
“De verdad, de manera responsable y razonable, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) no puede hacer nada más”, manifestó Manrique.