Elízabeth Romero
Una buena parte labora como doméstica en Costa Rica, y después de tanto tiempo de permanecer alejadas de su patria lo menos que demandan, dijo, es que al final de su vida, puedan regresar y tener una vejez digna y gozar de un seguro social.
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Las reformas al reglamento de la Ley de Seguridad Social “condena a la pobreza a las personas adultas mayores, al ajustar su pensión en base al salario medio y no al salario mínimo”, cuestiona el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana (FMICAC).
En un pronunciamiento emitido ayer, el foro destaca que el sector más afectado con estas reformas son las mujeres. Entre otras cosas apunta que con los cambios al sistema, cada mujer tendría que trabajar y cotizar entre 40 y 41 años, para lograr una pensión equivalente al 80 por ciento del salario medio base.
Haydée Castillo, coordinadora de FMICAC, dijo que es por ello que las feministas están tocando las puertas al Estado al que le advierten que “la seguridad social es un derecho irrenunciable”.
Las reformas “laceran” al reducido grupo poblacional que está asegurado, pero “se ensaña con las mujeres en cuyos hombros descansa el sistema económico, pues muchas han tenido que recurrir al sector informal ante la falta de empleo, donde están totalmente excluidas de la seguridad social”.
“Y las pocas que cotizan van a contar con una jubilación que ni siquiera les dará acceso a la canasta básica”, expresó Castillo.
El FMICAC señala que el artículo 85, reformado en el reglamento “es contrario a los derechos adquiridos en materia de pensiones de invalidez, vejez y muerte, y , por otra parte violenta el artículo 2 de la Ley 160, que concede beneficios adicionales a los jubilados, al garantizar que a la pensión mínima del ciento por ciento del salario de la industria manufacturera, se le incorporen las asignaciones familiares”.
El artículo 85 reformado establece que como máximo la pensión debe ser del ciento por ciento del salario mínimo de la industria manufacturera, sin considerar las asignaciones familiares.
Y señalan que según el Gobierno, las medidas adoptadas con la seguridad social asegurarán su solvencia aproximadamente por 22 años más, ignorando que la gravedad del sistema comenzará después del año 2036, cuando producto del envejecimiento acelerado de la población habrá menos cotizantes y más pensionados.
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