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Freddy Blandón

La campaña del Cosep

El fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática ha sido planteado como un elemento clave para el desarrollo económico y social de las naciones. De ahí que los gobiernos, sociedad civil y ciudadanos debamos estar alertas cuando se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático de nuestros países.

Y lo anterior es fácil de comprender, puesto que ya es una verdad incuestionable que la democracia y el desarrollo económico y social “son interdependientes y se refuerzan mutuamente”. No se puede hablar de derechos económicos, sociales y culturales, de crecimiento económico con equidad, sin Estado democrático de Derecho. Por ello, resulta imprescindible avanzar tanto en la institucionalidad económica como en la institucionalidad política.

En nuestro país la comprensión política de la necesaria conjunción de esas dos variables para convertir a Nicaragua en próspera y democrática, no están avanzando al mismo nivel y con la misma eficacia. Por lo que se vierten opiniones que reconocen por un lado, que existe un avance por haberse implantando un modelo de diálogo y consenso para temas económicos, en el cual el “único interlocutor” es el sector empresarial. Pero que por otro “no existe modelo de gobierno de consenso para temas político institucionales”, porque no se reconoce ni al sector empresarial ni a la oposición política, como interlocutores para esa agenda.

Las afirmaciones a luz de los hechos económicos y políticos actuales pudiesen ser aceptadas como verdades de perogrullo, ya que es constatable que existe un diálogo permanente y fructífero para fortalecer “la institucionalidad económica” del país, y —también constatable— existe una parálisis política que no ha permitido que el diálogo sea también un cauce para fortalecer “la institucionalidad política”, y con ello, se fortalezca nuestro Estado Democrático de Derecho.

Esa realidad no debe bajo ningún supuesto llevarnos a una actitud “complaciente ni resignada”, debe servirnos para replantearnos el problema y encontrar vías de solución en el corto plazo. Debemos como lo plantea el doctor Alejando Serrano, identificar un conjunto de “valores y fines jurídicos, éticos y políticos” que nos permita en medio de nuestras diferencias y contradicciones, precisar la sociedad que queremos construir.

Y digo lo anterior, porque se está presentando en el escenario político la oportunidad única de que gobierno y oposición procedan a través del diálogo transparente y por consenso democrático, es decir, sin “confrontaciones ni confabulaciones”, o mejor decir, sin subordinación ni complicidad a interés particular, a nombrar a todos los funcionarios de los poderes del Estado pendientes de elección. Y con ello, se aproveche —o desaproveche— la oportunidad de que podamos encauzar invariablemente por la senda de la institucionalidad democrática al país. Y sobre todo, se aproveche la oportunidad inmediata que tenemos de recomponer “el sistema electoral y la calidad y competencia de los funcionarios que lo integran”.

Lo innegable es que las reglas del juego democrático en América Latina han permitido entender que la “institucionalidad electoral ha progresado”, siendo para ello determinante la transparencia con que se cuentan los votos. En donde las reglas del juego democrático han permitido concebir como historias del pasado los golpes de Estado, las dictaduras militares y los fraudes electorales; resultando concluyente que los sistemas electorales confiables son por sí solos capaces de contrarrestar la polarización política e ideológica que por siempre han fragmentado a las sociedades.

Esa evolución y progreso determinante para la viabilidad democrática de las naciones, no se advierte en nuestro país. Ya que se observa como las autoridades electorales desde el 2008 han sido cuestionadas severamente por su falta de transparencia e imparcialidad, al extremo de considerarse que son como institución electoral, “el principal obstáculo para el desarrollo democrático del país”; lo cual ha generado que desde la sociedad civil, se demande un cambio de todas sus autoridades, y el sector privado plantee que es “urgente un árbitro electoral creíble”.

Es por ello, que debemos respaldar la campaña que mantiene el Cosep para que se proceda al nombramiento de todos los funcionarios que tienen cargos vencidos conforme el procedimiento constitucional, así como también la posición gremial empresarial de demandar una reforma a la Ley Electoral y la creación de un Instituto Electoral.

Lo cual no será posible avance, si no respaldamos el modelo de diálogo y consenso para el tema de la institucionalidad política, que de funcionar como funciona en el ámbito económico, nos debería llevar a alcanzar en corto plazo la institucionalidad electoral que el país demanda; la cual debemos comprender, es vital para la incipiente democracia de nuestra nación. El autor es máster en Derecho Público

Columna del día Opinión campaña cosep archivo

COMENTARIOS

  1. Jose
    Hace 10 años

    Pero señor, si el Cosep y el Gobierno se entienden muy bien, cada quien cuida sus intereses, lo demás aunque el cosep hace protesta civica como en este tema, se percibe que no es prioridad para ninguno de los dos,por un lado el cosep hace la protesta cívica por tv, pero ambos se reúnen periódicamente,cambian impresiones,¿tocarán este tema? el Cosep continua esa protesta cívica, el gobierno sigue sin poner atención a la protesta y todo sigue igual. ¿Hay sinceridad del Cosep?

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