Tegucigalpa/ACAN-EFE
La organización Human Rights Watch denunció hoy que “la inacción” de las autoridades de Honduras agrava la impunidad en el Bajo Aguán, en el Caribe del país centroamericano, donde campesinos reclaman tierras y muchos han sido asesinados.
Las autoridades hondureñas, según indicó la misma organización en Tegucigalpa, “no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán”.
Human Rights Watch también presentó el informe “Aquí no hay investigaciones”, en el que examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías.
El informe añade que Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer los delitos, y que esa omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia (un promedio de 20 muertes diarias) e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”. Indicó además que “la ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.
Según organismos locales de derechos humanos y campesinos organizados, más de un centenar de labriegos fueron asesinados en el Bajo Aguán en los últimos cuatro años, crímenes en los que se vieron involucrados guardias de seguridad privada de empresarios agrícolas, policías y militares.
El informe del organismo indica además que guardias de seguridad también han sido asesinados en los enfrentamientos con campesinos. Human Rights Watch señala que “en ninguno de los 29 homicidios documentados en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales”.
“Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010”, precisa. “Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado”, subraya el informe.
La zona de conflicto, en la que permanece una fuerza militar especial enviada por el expresidente Porfirio Lobo, quien entregó el poder el 27 de enero pasado, es productora en mayor medida de palma africana.
Human Rights Watch indicó que en casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos.
“Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables”, agrega el informe. También señala que las autoridades postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas.
“En uno de estos casos que fue examinado por Human Rights Watch, la víctima posteriormente fue hallada muerta, y dos aún están desaparecidas”, agrega.
Human Rights Watch subraya que en 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada, quienes están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y obligados a respetar los derechos de los ciudadanos.
La administración de Porfirio Lobo intentó solventar el problema con la compra de tierras a empresarios para entregarlas a los campesinos, pero la crisis sigue sin ser resuelta en el Bajo Aguán. Human Rights Watch espera que el nuevo gobierno que preside Juan Orlando Hernández busque una solución al conflicto.