Lucydalia Baca Castellón
La Alianza Nicaragüense por la Justicia Fiscal criticó que tras ocho meses de negociación el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) haya permitido la publicación de un decreto que reforma el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria que roza con la Constitución y que ahora quiera desconocer algunas de las disposiciones que los afectan. El bloque exige que este sea derogado.
“Es preocupante que los que se sientan a la mesa no se pongan de acuerdo y que nos pidan a nosotros (la población) el resultado de una irresponsabilidad fiscal que está cimentada en una pavorosa inconstitucionalidad”, aseguró Julio Francisco Báez del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet).
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La alianza, integrada por seis organizaciones de la sociedad civil mantiene que el decreto 06-2014 al establecer que sus disposiciones tienen vigencia desde el 1 de enero del año pasado, violenta el principio de legalidad e irretroactividad de la Ley, contemplado en los artículos 38, 130 y 183 de la Constitución.
Consideran que es imposible que los contribuyentes puedan cumplir normativas para un año que ya pasó y temen que el caos tributario que provocará la implementación de las nuevas disposiciones ponga en riesgo la estabilidad de las reservas internacionales, que ante la caída de la recaudación fiscal, están siendo sostenidas con dinero de la banca privada.
“En lo que va del año el Gobierno ha retirado más de 2,000 millones de córdobas del Banco Central… Pero es evidente que las reservas internacionales llevan meses sosteniéndose con la colaboración voluntaria de los bancos, lo que demuestra que el fracaso recaudatorio de la ley está golpeando todos los aspectos de la política económica”, afirmó Adolfo Acevedo, de la Coordinadora Civil.
El economista recuerda que la caída de las recaudaciones abrió una brecha de 2,300 millones de córdobas en el presupuesto anual del país.
EL IMPACTO
Para la alianza, el Gobierno tendrá que aplicar una fuerte restricción en el gasto público. En ese sentido, Adelmo Sandino, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), advirtió que no se debe afectar los gastos sensibles en salud, educación e infraestructura y que debe revisarse y cortarse el gasto burocrático.
En cuanto al incremento del costo de la canasta básica que según representantes de la Bolsa Agropecuaria provocará la aplicación de dos nuevos impuestos municipales a transacciones superiores a 40 millones de córdobas, los expertos consideran que demostraría que los empresarios no asumen la carga fiscal sino que la trasladan al consumidor.
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