Ramón García Gibson *
El pasado mes de enero de 2014, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Comité de Basilea) publicó una serie de directrices para que los bancos puedan incorporar la gestión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en su programa de gestión de riesgos. Entre los diversos conceptos que contienen las directrices es oportuno mencionar en esta colaboración semanal los relativos a las tres líneas de defensa con las que deben contar las instituciones financieras en materia de PLD/FT.
Por lo que respecta a la primera línea de defensa, se hace referencia a que las políticas y procedimientos deben estar claramente especificados por escrito y comunicarse a todo el personal así como contener una descripción clara de las obligaciones e instrucciones de los empleados, así como orientación sobre la forma de mantener la actividad de la entidad apegada al cumplimiento de las regulaciones, así como procedimientos internos para detectar y reportar operaciones sospechosas.
En este sentido el principal problema que presentan tanto entidades del sector financiero como fuera del mismo es que cuentan con manuales muy bien redactados, pero carecen de procedimientos claros para su implementación, así tenemos que es prioritario el que quede claro para todos y cada uno de los empleados cuál debe ser su actividad. Un tema que destacan en este aspecto las directrices del Comité de Basilea es la importancia de una capacitación adecuada.
La segunda línea de defensa se refiere a que el principal funcionario encargado de PLD/FT deber tener la responsabilidad de la supervisión continua del cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad financiera, así como alertar a la alta dirección o consejo de administración si se considera que la administración no está abordando los procedimientos de manera responsable. También se hace referencia a que los intereses comerciales de un banco no deben de ninguna manera oponerse a la aprobación de la gestión eficaz de las responsabilidades del responsable de cumplimiento, así como que independientemente del tamaño de la entidad o de su estructura de gestión, los posibles conflictos de intereses deben ser evitados.
El problema para cumplir con lo arriba mencionado es que en muchas ocasiones por situaciones de la estructura corporativa, en la que el encargado de cumplimiento no tiene el nivel necesario dentro de la estructura, se dificulta un adecuado proceso de escalamiento que permita alertar a la alta dirección y consejo de administración sobre un ambiente de control deficiente y potenciales incumplimientos regulatorios.
La tercera línea de defensa es la auditoría interna. Podríamos afirmar que la auditoría ya sea interna o externa cierra la pinza en un proceso de control. Auditoría revisa principalmente temas que sucedieron en el pasado, por lo que una función que mida en tiempo real el debido cumplimiento con la regulación aplicable debe ser fortalecida al interior de las instituciones.
En la medida que las entidades tanto financieras como diferentes a ellas pongan especial atención a las tres líneas de defensa mencionadas en las directrices del Comité de Basilea, entendiendo sus alcances y correcta implementación, lograrán resultados más eficientes en la conducción de negocios apegados a la normatividad. Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, dijo: “La educación es el gasto para la defensa más efectivo que existe”. ¿Usted qué opina estimado lector?
(*) Experto en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Publicado en Forbes, México.
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