Madrid/EFE
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo que realiza la ampliación del Canal de Panamá, ha reanudado las obras en la vía transoceánica, paralizadas desde el pasado 5 de febrero en medio de un conflicto que se remonta a julio de 2012.
A pesar de que aún hay asuntos en los que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el GUPC discrepan, las compañías adjudicatarias han retomado las obras, mientras continúan las negociaciones.
Esta es la primera ampliación del Canal de Panamá, construido por EE.UU. entre 1904 y 1914 y administrado por los estadounidenses hasta el 31 de diciembre de 1999 en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977.
Cronología de las fechas más destacadas en la ampliación del Canal y del conflicto entre la ACP y el consorcio adjudicatario:
24 abril 2006: Se anuncia el proyecto de ampliación del Canal con la construcción de un tercer juego de esclusas, obras que supondrán una inversión global de 5.250 millones de dólares (4.245 millones de euros), que se autofinanciarán con los peajes de los usuarios del Canal y con una financiación de 2.300 millones y que deberían finalizar en el 2014, cuando el Canal cumple un siglo de funcionamiento.
8 julio 2009: El proyecto del GUPC, en la que también están presentes la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, obtiene la mejor puntuación para construir las nuevas esclusas, con una oferta de 3.118 millones de dólares.
Mayo 2011: El GUPC contrata a la firma italiana Cimolai, encargada de construir las 16 compuertas de la ampliación del Canal.
2012: Las obras se ven afectadas por dos convocatorias de huelga, en enero y en abril.
Julio 2012: El GUPC reclama a la ACP una ampliación del plazo para acabar las obras, así como una compensación de 588 millones de dólares por los retrasos sufridos. Según la empresa el retraso se debió a que la ACP rechazó varias veces la mezcla de cemento que debía usarse en el vaciado de las estructuras de las nuevas esclusas del Canal.
1 enero 2014: El GUPC anuncia que suspendería en 21 días las obras, algo que la ACP considera una “presión” para negociar fondos extraordinarios fuera de contrato.
7 enero 2014: La ministra española de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se reúnen en Panamá para intentar buscar una solución al conflicto.
8 enero: La ACP rechaza las propuestas financieras del consorcio, que suponen un coste de hasta 1,000 millones de dólares. Al día siguiente Impregilo difunde un comunicado en Panamá en el que considera “ridícula e inaceptable” la posición de la ACP.
5 febrero: Primera jornada de paralización total de las obras.
12 febrero: La ACP y el GUPC logran un principio de acuerdo para reanudar los trabajos. La autoridad panameña asegura que la solución está en manos de la aseguradora Zurich American, que debe permitir utilizar la fianza como fondos líquidos para reiniciar las obras.
18 febrero: La ACP afirma que hay “serios desacuerdos” con el consorcio que impiden avanzar hacia una salida negociada para la reactivación de las obras.