Lucía Navas
Inquietas están las empresas que operan bajo el régimen fiscal especial de zona franca por la notificación que les llegó el 11 de marzo de 2014 de parte del Gobierno, en la que les ordenan comprar directamente la energía eléctrica a la distribuidora TSK-Melfosur.
- Cifras enviadas a la Comisión de Seguimiento del Gobierno y a la Comisión Nacional de Zona Franca por el Cosep respecto a la carga financiera del sector son:
—125 por ciento ha sido el aumento de la factura de energía eléctrica los últimos diez años.
—90 por ciento ha sido el aumento de los costos del consumo de diesel.
—18 y 16 por ciento es el promedio en que se han elevado los costos del transporte que utilizan las empresas de zona franca.
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La preocupación se elevó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) porque el Gobierno cambia las reglas de la Ley de la Industria Eléctrica, que faculta a los grandes consumidores como estas empresas, comprar libremente a las generadoras de energía.
La consecuencia de esto sería un incremento de hasta 30% en la factura de energía eléctrica en las empresas de zona franca, según cálculos brindados por el presidente del Cosep, José Adán Aguerri. “Se está pretendiendo forzar a los grandes consumidores de la zona franca a comprar a la distribuidora en vez de al mercado eléctrico nacional, como se establece en la Ley”, reclamó.
El capítulo VIII de la Ley de la Industria Eléctrica establece en su artículo 55 que “los grandes consumidores podrán elegir libremente al suministrador de energía por medio de contratos. Si estos contratos son con generadores, los precios se regirán libremente, si los contratos son con distribuidores nacionales y/o extranjeros, los precios serán regulados accediendo libremente en cualquier caso, a cambio de una tarifa regulada, a instalaciones afectadas a la función de transporte, sea cual fuere su propietario, previo cumplimiento de las normas técnicas establecidas”.
LA PRENSA PREGUNTA POR ARGUMENTOS PARA TOMAR DECISIÓN
“Eso es lo que estamos llevando al nivel de Gobierno, que nos indiquen de dónde están saliendo con esa posición”, respondió Aguerri.
Hay que recordar que el Gobierno tiene acciones en la distribuidora TSK-Melfosur, e incluso se maneja extraoficialmente que la compañía realmente le pertenece a Alba de Nicaragua SA, manejada por allegados a la familia presidencial.
Aguerri recordó que aún no se consigue la extensión del Nivel de Preferencia Arancelaria (Tariff Preference Level o TPL) para que Nicaragua pueda seguir exportando prendas de vestir a Estados Unidos libre de impuestos, aunque sean elaboradas con hilados y tejidos de países que no son DR-Cafta.
“Si no hay TLP y esto se aplica estamos condenando a una gran cantidad de nicaragüenses al desempleo. Tenemos que ser responsable en las decisiones y más si son unilaterales y no compartidas con quienes somos afectados”, advirtió Aguerri.
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