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Denuncian persecución a defensores de derechos humanos en…

Una alianza hondureña de organizaciones defensoras de los derechos humanos denunció este jueves que alrededor de doce activistas son objeto de supuesta persecución por parte del Estado y empresas privadas por defender los derechos de sus comunidades.

Tegucigalpa/ACAN-EFE

 

Una alianza hondureña de organizaciones defensoras de los derechos humanos denunció este jueves que alrededor de doce activistas son objeto de supuesta persecución por parte del Estado y empresas privadas por defender los derechos de sus comunidades.

 

“En estos últimos días hemos estado recibiendo denuncias de defensores de derechos humanos que están trabajando en las comunidades. Solo este año tenemos alrededor de doce personas”, declaró a Acan-Efe Wilfredo Méndez, representante de la Alianza por los Derechos Humanos.

 

La alianza está integrada por las organizaciones hondureñas Comité para los Derechos Humanos; el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares.

 

A juicio de Méndez, la mayoría de las amenazas a los activistas de derechos humanos “provienen del Estado”, y eso “evidencia una persecución” hacia los defensores por su labor. Además, instó al Gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a que “haga lo propio para detener este tipo de persecuciones”.

 

“El Estado tiene un infortunio, a nivel del sistema de justicia tiene un nivel de persecución de las víctimas y defensores de derechos humanos (…) hay todo un proceso de intimidación, de persecución y de criminalización”, subrayó Méndez.

 

En una rueda de prensa, la activista de derechos humanos Marleni Cruz junto a Méndez y otros defensores, denunció ser objeto de “amenazas de muerte” por parte de la Compañía Azucarera Hondureña Sociedad Anónima (Cahsa).

 

“Si algo me sucede a mi o a mi familia (…) quiero responsabilizar a esa compañía de cualquier acto o atentado”, subrayó Cruz, quien dijo es acusada de provocar daños a esa empresa, que no precisó, ubicada en el municipio de San Manuel, en el norteño departamento de Cortés.

 

Cruz acompaña la lucha de campesinos agrupados en el Movimiento Auténtico Reinvindicador del Aguán (MARCA), que reclaman tierras para cultivar en San Manuel.

 

Los campesinos argumentan que esa empresa azucarera ocupa unas 4,200 hectáreas de manera ilegal, pues esas tierras fueron expropiadas en mayo de 2012 por el Instituto Nacional Agrario por sobrepasar el techo que establece la Ley de Reforma Agraria.

 

La ley señala que ninguna persona natural o jurídica puede tener más de 250 hectáreas de tierra y de ser así debe solicitar al Estado un permiso de autorización de sobretecho. El coordinador del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares, Juan Almendarez, por su parte, expresó en la rueda de prensa su “preocupación por la criminalización” de la que son víctimas los defensores de derechos humanos.

 

“Nos preocupa la forma brutal y violenta con que se reprime a los defensores de derechos humanos para que el pueblo y las organizaciones guarden silencio y tengan miedo”, indicó Almendarez.

 

El representante del Comité de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón, coincidió con Almendarez subrayando que en el país existe “una tendencia de criminalizar la practica que desarrollan los defensores” humanitarios.

 

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