Lucía Navas
Limitar las exoneraciones fiscales a las materias primas y equipos de uso en el sector agropecuario y hacer pagar impuestos municipales a los productores, son de los principales temas que trae una nueva reforma tributaria.
El documento de la propuesta de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria (LCT) que tiene listo el poder Ejecutivo —y al que tuvo acceso LA PRENSA—, además plantea cambios en el tratamiento del régimen de Cuota Fija y exonera del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) la importación de yates y helicópteros.
El documento de la propuesta de reforma a la LCT fue elaborado entre mayo y junio de 2014.
“Es una reforma hecha en el sótano y es una reforma sorpresa porque no se esperaba”, critica el especialista en temas fiscales, Julio Francisco Báez, porque los únicos interlocutores que la negocian son el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Gobierno.
“No hay un informe de medición del resultado de la última reforma tributaria para justificar otra más (…) Lo que evidencia esto es que se ha negociado en secreto, a espaldas de otros sectores de este país y se cae el discurso del Gobierno de que hay una concertación nacional sobre las decisiones fiscales en este país”, considera Báez.
La actual LCT fue discutida en 2012 entre los gremios empresariales, de la mediana y pequeña empresa, los mercados populares y sindicatos con el Gobierno.
Cuestiona Báez que además se vaya a eliminar el pago de Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) a la importación de yates y helicópteros pese a que apenas en la LCT se le grabó con 30%.
Lo único positivo que encuentra el especialista es que se elimina el sistema de autotraslación por ser inaplicable.
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El documento que recoge la propuesta de Ley de Reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) fue elaborado entre mayo y junio 2014.
Pero Aguerri asegura que “mientras el proceso esté en marcha la negociación continúa. No hay un documento cierto aún”, agregó.
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Ese mismo año se aprobó y entró en vigencia en enero de 2013. Por ello sorprende a Báez que en año y medio ya esté lista una nueva reforma tributaria que es profunda tanto a la ley misma como a su reglamento.
MAQUINARIA PRENDADA
Lo que más afectaría al sector agropecuario son las reformas a los artículos 288 y 298 de la LCT.
En el artículo 288 que se refiere a las condiciones de las exenciones y exoneraciones, el cambio es establecer en el inciso cinco que “todo bien de capital exonerado, incluyendo maquinaria y equipo, quedará pignorado o fiscalizado por la Administración Aduanera por un plazo máximo de cuatro años”.
Esto significa que los equipos para uso en la actividad agrícola o pecuaria aún cuando se importe sin pagar impuestos estarán prendados con la Dirección General de Aduanas (DGA) por ese tiempo.
Pero no queda ahí la limitación pues en el mismo inciso cinco del artículo 288 se establece que para “enajenar” o traspasar los bienes antes de los cuatro años, se “deberán cancelar previamente los tributos correspondientes” conforme una tabla de porcentajes creados.
Si la maquinaria o equipo se enajena en “menos o igual a un año de introducido”, se pagará el ciento por ciento de los impuestos; si es en el plazo entre uno y dos años de introducido se pagará el 75% de los tributos.
En caso que el traspaso sea entre dos y tres años de haberse introducido el bien, el productor deberá pagar el 50% del impuesto correspondiente que le fue exonerado cuando lo introdujo a Nicaragua.
Pagará el 25% si el traspaso del bien es entre los tres y cuatro años, y solo cuando la introducción haya superado los cuatro años es que se mantendrá la exoneración total de la maquinaria y equipos.
Báez considera “un trato discriminatorio” para la actividad agropecuaria porque “al resto de sectores que gozan de exoneraciones no se les limitan”.
La propuesta de reforma al artículo 298 de la LCT, que refiere a la prórroga de exoneraciones a sectores productivos se indica que estas “no incluyen los tributos municipales contenidos en el Decreto No. 455, Plan de Arbitrio Municipal y en el Decreto No. 10 91, Plan de Arbitrio del Municipio de Managua”.
NO FUE LO NEGOCIADO CON UPANIC
“Yo entiendo que es para que no vendás inmediatamente el bien. Eso me parece que es normal, pero habría que ver el detalle de lo que proponen”, reaccionó Felipe Argüello, directivo de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).
Argüello y Michael Healy, presidente de Upanic, se sorprendieron del tratamiento que contiene la propuesta de reforma al sistema fiscal al sector agropecuario porque no es parte de lo negociado el último año.
Argüello y Healy explicaron que lo acordado en las pláticas es el mecanismo para aplicar a la renovación de las exoneraciones, porque la LCT las da por dos años y el plazo se vence el 31 de diciembre de 2014.
“Los criterios que se pusieron son de aumento de las exportaciones, de las inversiones y el empleo, y toca ahora a cada sector demostrar que lo ha hecho porque todos han crecido”, dijo Argüello.
Y el segundo acuerdo de Upanic con el Gobierno es eliminar que el productor tenga que obtener el aval del Ministerio Agropecuario para obtener la exoneración. “Como lo estamos haciendo ahora en la reforma va a quedar automático, no vas a tener que ir a buscar un aval, pero es sobre una lista de insumos, maquinaria y llantas de uso agrícola, repuestos y equipo de riego. Es el producto. Esa lista se mandó al Gobierno y la aprobó”, dijo Healy.
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