Médicos esclavos

Amalia Morales

Las hijas menores del médico pediatra Álvaro Salgado están contentas. No quieren que su papá regrese al Hospital Humberto Alvarado de Masaya donde trabajó los últimos 17 años. Por primera vez él dispone de tiempo para juguetear y compartir con ellas, actividades que eran impensables hasta hace poco. El pediatra —uno de los 14 especialistas que hay en el sistema público de ese departamento—, calcula que sus jornadas laborales en ese centro asistencial sobrepasaban las 80 horas semanales. Cada día cumplía jornadas de ocho horas como cualquier otro trabajador, sin embargo, cada cinco días, a veces cada seis, debía hacer turnos de 24 horas que terminaba y luego empalmaba con su jornada regular de ocho horas. Es decir que una jornada de Salgado, y del resto de personal médico, dura 32 horas.

“Eso no ocurre en ningún país del mundo porque ya está normado que una persona no puede pasar más de 24 horas trabajando, se altera su capacidad mental. En algunas ocasiones estamos dando consultas y nos estamos durmiendo. Una vez me quedé dormido en el escritorio y la paciente estaba hablando”, confiesa el médico.

“Debemos de trabajar a veces 120 horas semanales, eso incurre un mayor cansancio para el médico y eso puede implicar para el médico no estar completamente descansado y estar ubicado en todo. Tenés más estrés, amaneciste con un paciente grave sin habernos bañado y ahí no más se nos pegan los otros pacientes”.

En países como Argentina se han normado las jornadas semanales a 64 horas para los médicos residentes.

En otros hospitales del país, los médicos también se adormecen por el cansancio y están propensos a equivocarse a la hora de prescribir medicinas. Algunos en lugar de recetar dosis de 500 miligramos cada 24 horas, las recetan cada ocho horas. Se ha sabido de casos en centros asistenciales en los que se recetan gotas para los oídos en lugar de gotas para los ojos. Una queja frecuente en los pacientes de hospitales públicos es que “los médicos apenas lo ven a uno y en cinco minutos, sin tocarlo, lo diagnostican”. O, también está el lugar común que se extiende hasta las Clínicas Médicas Previsionales (CMP), un sistema que se financia con el dinero que aportan los asegurados, es que para todo recetan “acetaminofén”.

Muchos pobladores apuntan con el dedo índice las deficiencias del sistema público de Salud al que este año se le asignó el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras en países de la región como Costa Rica invierten alrededor del diez por ciento y Honduras por encima del ocho por ciento. Las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN) anotan que la inversión anual en salud por persona fue de 50 dólares en el 2012, es decir menos de un dólar por semana por habitante.

Sin embargo, las estadísticas señalan que cada año crece el número de consultas médicas, controles prenatales y de intervenciones quirúrgicas.

Eso se explica, en parte, porque a partir de 2009 miles de médicos del sistema de salud fueron recontratados para cumplir jornadas de ocho horas y turnos más seguidos. Anteriormente, la jornada de los médicos llegaba hasta mediodía y los turnos se hacían cada ocho días. Después del turno tenían derecho a un descanso de 24 horas, explica Magdali Hernández, también pediatra del hospital de Masaya que fue despedida hace dos meses luego que reclamara con otros colegas por el uso del personal del área pública para el área privada.

En una jornada regular de trabajo, Salgado explica que atendía la consulta externa en sus ocho horas regulares. Cada día recibía alrededor de 32 niños que habían citado tres meses antes. En algunos hospitales capitalinos las citas con los especialistas se alargan hasta seis y siete meses. A veces las cirugías se programan para dentro de “tres o cuatro meses”. Distintos médicos consultados dicen que es así porque el personal de salud es insuficiente.

En los turnos, estos mismos pediatras cubren todos los servicios del hospital, desde emergencias hasta las áreas de neonatología, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), entre otros, según describe Hernández.

EN OTROS HOSPITALES

“El año pasado a mí me mandaron a una capacitación hasta Chinandega como preparación a la epidemia de dengue. Había gente de Granada, Carazo y Chinandega. Allí se planteó que era necesario que se aumentara el número de médicos en los turnos, porque un solo niño con dengue podía significar mucho trabajo para un solo pediatra. El médico debe estar allí constantemente, y si nos llaman por quirófano, a neonato, un solo médico no podía. Se planteó esa situación ante el representante de Epidemia y él mencionó que eso estaba pasando en toda Nicaragua. Y se dijo que los directores de Silais (Sistemas Locales de Atención Integral en Salud) movilizaran médicos de los centros de salud o que las clínicas buscaran cómo contratar gente por la epidemia dengue. Ahí todo mundo comenzó a manifestar que vivía la misma situación: que en los departamentos queda un solo pediatra cubriendo los diferentes servicios”.

Los médicos explican que en época de epidemia, que va de julio a noviembre, las guardias se hacen cada día cinco días.

De los 510 trabajadores que hay en el hospital de Masaya —el segundo centro asistencial departamental con más personal después del hospital de Estelí—, nueve son pediatras. Salgado dice que en el hospital hay nueve pediatras para atender a una población de casi 350 mil habitantes, es decir que hay un pediatra por cada 25 mil habitantes.

En comparación con otros países, la relación de médicos por habitantes es de las más bajas. En Nicaragua hay un médico por cada tres mil habitantes mientras que en Costa Rica hay uno por cada 500, y en Cuba uno por cada 166 habitantes, según refleja el informe de Desarrollo Humano de Programa de Naciones Unidas del año pasado. Sin embargo, el mismo informe arroja que el 66 por ciento de la población está conforme con la calidad de la atención que recibe.

PERSEGUIDOS POR RECETAR

Las jornadas extenuantes de trabajo, similares a la de los obreros de una maquila, y la sobrecarga de tareas no son los únicos temas que los médicos resienten. Al desbalance laboral añaden otro ingrediente: las limitaciones materiales. Falta de todo.

“Cuando hay una cosa no hay otra. A veces no hay ni guantes estériles para poder hacer algunas curaciones, a veces no hay gasas, no hay jeringas, cosas tan sencillas, ahora que te digo un medicamento”, explica Salgado.

“Nosotros tenemos bebés en neonato que ameritan un antibiótico potente que no hay. Muchas veces tenemos que ir a decirle a la mamá que no podemos ponerle lo mejor porque no hay. Y el peor de los casos: no hay y se le niega el derecho al familiar de conseguirlo porque el Ministerio (de Salud) ha dicho que no hay que pedirle nada al paciente o a los familiares. Si yo vengo y hago una receta de un medicamento que no hay en el hospital para que el paciente lo vaya a conseguir fuera del hospital, soy despedido inmediatamente. ¿Cómo quedamos nosotros? Quedamos atados. ¿Qué hacíamos para compensar eso? Conseguíamos con los laboratorios muestras de los medicamentos. Nos regalaban cantidades de muestras y las teníamos en reserva

en cada sala, y cuando fuera necesario las entregábamos sin ningún costo a los pacientes. Esa fue una alternativa que nos estaba funcionando. Pero a partir de abril, el director mandó a sacar todas las muestras en las diferentes salas, se las llevó quién sabe adónde y mandó la carta que a partir de la fecha se negaba la entrada a todos los visitadores y se prohibía tener y entregar muestras médicas a los pacientes, porque él consideraba que esa era una forma de propaganda de los laboratorios”, describe Salgado quien insiste que la mayoría de las medicinas que se ordenan figuran en la lista básica pero no están.

La situación que relatan los médicos del hospital de Masaya no dista mucho de la realidad de hospitales capitalinos. A mediados de abril, trascendió a los medios de comunicación el caso de una niña recién nacida, que estaba en el Hospital Infantil “La Mascota”, a la que le amputaron una mano por falta de medicamentos para detener una bacteria infecciosa. Parte del personal médico y algunas ajenas al hospital colectaron los 2,000 córdobas que costaban los antibióticos, pero fue muy tarde para salvar la mano de la bebé.

En los centros de salud la situación no es muy diferente. “Aquí de cuatro recetas que se le dan a un paciente no se lleva ni una pastilla, porque en las farmacias pasan desabastecidas hasta tres y cuatro meses”, explica un médico general que trabaja en un centro de salud de la capital, pero que declina de identificarse por temor a represalias.

“En un papelito como contrabando, sin sello, sin firma y sin nada, se le anota el nombre del medicamento, el familiar tiene que salir a buscarlo escondido, si se lo mira el CPF a la entrada, ahí no más reporta al médico. Es difícil, hay una persecución. ¿Qué calidad de atención le voy a dar al paciente? No tengo lo que necesito ponerle en el hospital y no le puede recetar lo que él necesita. La verdad es que muchos bebés se nos fallecieron por eso, porque antibióticos que eran necesarios, antivirales, no hay en el hospital”, dice Salgado quien ha trabajado 17 años en el hospital de Masaya.

La falta de materiales desata a veces una persecución e intimidación en los hospitales y centros de salud.

Salgado recuerda el caso de un colega que le hizo una receta al familiar de un paciente, y en la farmacia retuvieron la receta, y al día siguiente, al final de la guardia, al médico le restregaron en público el haber recetado y todos fueron amenazados con el despido si se hallaban más recetas fuera del hospital.

Las sanciones en algunos hospitales pueden ir desde uno hasta tres meses sin sueldo. En algunos centros de salud se aplican despidos por esas situaciones.

“Por eso hay mucho miedo de hablar. Y el gremio no está unido”, dijo el médico general de un centro de salud.

ATENCIÓN EN PÚBLICO Y PRIVADO

Tres médicos pediatras fueron despedidas ilegalmente por el director del hospital de Masaya, Enrique Picado, luego que reclamaran y denunciaran que durante cuatro años fueron obligados a atender las necesidades médicas de la Clínica Médica Previsional (CMP), que funcionaba como un apéndice dentro del centro asistencial público.

Según el relato de los despedidos, a cualquiera de los nueve pediatras que estuviera de turno se le podía requerir, en cualquier momento, para que atendiera una cesárea en el quirófano, así estuviera atendiendo a niños en la emergencia del hospital.

Eso ocurrió con la pediatra Claudia Guadamuz el pasado 19 de febrero. Estaba de servicio en emergencia cuando fue llamada para atender una cesárea programada en la CMP del Minsa.

Aunque su contrato no establece atención para el área privada, Guadamuz no rehusó atender el parto, sin embargo, pidió tiempo para estabilizar al niño que estaba atendiendo en el área pública. Los médicos explican que en ese hospital, donde a diario nacen unos veinte niños, entre cesáreas y partos naturales, no siempre se dispone de un pediatra para asistir los partos porque no dan abasto, sin embargo, en las cesáreas programadas por la CMP sí se exige la presencia de un pediatra, que siempre era del área pública.

Guadamuz refiere que cuando llegó al quirófano la paciente había sido anestesiada y el bebé había sido extraído hacía seis o siete minutos. Aunque no hubo ningún incidente en la situación, el director del hospital Enrique Picado le hizo un fuerte llamado de atención. Esta situación fue el detonante del despido de los tres pediatras: Álvaro Salgado, Magdaly Hernández y Claudia Guadamuz, quienes días antes de la cesárea en la CMP habían manifestado su inconformidad por la atención obligatoria en el área privada.

En la actualidad, los médicos alegan que fueron despedidos ilegalmente porque no se siguió el proceso establecido y están peleando en los juzgados laborales por su reintegro laboral. Esta semana hubo varios audiencias en los juzgados de Nejapa.

“Nunca se nos hizo contrato para atender esa área”, dice Salgado.

Se consultó al director del hospital, Enrique Picado, vía telefónica y solo contestó: “Con toda la cortesía del caso, no tengo nada que decir sobre el caso de ellos, así que escribí lo que creás conveniente”. En seguida cortó la llamada. Se intentó consultar a Gustavo Porras, secretario general de Fetsalud (Federación de Trabajadores de la Salud), pero tampoco atendió la llamada.

Los médicos de Masaya que han recibido el respaldo de madres de niños que han sido atendidos en el hospital, también fueron a la Contraloría General de la República (CGR) para que se averigüe el uso de los recursos públicos en la CMP, que a pesar de ser financiada con fondos del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) nunca construyó ni quirófano, cuarto de rayos X, cocina, laboratorio, dependía casi por entero del personal y los recursos públicos.

La historia de la CMP de Masaya también se repitió en la CMP de Matagalpa que funcionaba en el Hospital César Amador, y que también hacía uso de los recursos públicos, según explicaron los trabajadores en mayo pasado. Ambas operaban de la misma manera y fueron cerradas casi al mismo tiempo, a mediados de mayo.

Los pediatras de Masaya están peleando judicialmente por su reintegro, aunque Hernández sabe que volver al hospital puede implicar represalias y más intimidación por parte del actual director, quien en las últimas semanas ha acentuado la persecución hacia otros colegas. Se trabaja con mucha tensión dentro de ese hospital, dicen los médicos.

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