Querida Nicaragua: Una pregunta que frecuentemente me hacen. ¿Participarías como candidato en las próximas elecciones presidenciales? Muevo la cabeza negativamente porque pienso que participar en otras elecciones sabiendo que te las van a robar es una idiotez y principalmente un irrespeto al pueblo, a la patria.
Participar en elecciones sin cambiar esa enorme maquinaria especialista en producir fraudes, que se llama Consejo Supremo Electoral, es hacerle el juego al Gobierno. Participar con un Consejo Electoral que hace él mismo las boletas, arregla el padrón electoral, entrega las cédulas de identidad, las reparte como cartas de naipe a los danielistas, es ya casi un delito, una falta grave, un contubernio con la dictadura vitalicia que se pretende instaurar.
El candidato de la oposición que acepte las mismas reglas del juego, está interesado seguramente en obtener la diputación que se le concede al primer perdedor, al del segundo lugar, la misma diputación que el suscrito rechazó ante el flagrante fraude electoral de 2011.
Y no aceptaría por otra razón igualmente poderosa: la indefensión en que cae el candidato víctima del fraude, y algo peor, la indiferencia timorata y cómplice de casi todos los presidentes no comunistas de América Latina, quienes están entregando la democracia por unos cuantos barriles de petróleo venezolano.
Son aquellos gobiernos “democráticos” incapaces de emitir la más ligera crítica sobre el régimen destructivo de Nicolás Maduro. Están viendo cómo Venezuela se convierte en un satélite y monigote de la voluntad de los hermanos Castro, y callan ante el peligro de que sus propios regímenes terminen ahogados en un mar de terroristas y narcotraficantes como pululan en Cuba y en Venezuela.
Se comprende que griten improperios contra la democracia, Rafael Correa, quien ya se enamoró de la reelección, o Evo Morales que quiere disfrutar de por vida las mieles del poder, Ortega, quien pretende lo mismo. Pero que guarden silencio países como México, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, supuestamente gobernados por presidentes democráticos electos limpiamente en elecciones impecables, no tiene sentido, es una grave falta no protestar ni elevar la más mínima nota de protesta por la prisión del líder venezolano Leopoldo López, o por la diputada María Corina Machado, desaforada por obra y capricho de Diosdado Cabello, el dictador del Congreso venezolano. Panamá ha sido el único país que ha pedido se lleve al seno de la OEA el problema de Venezuela, y por esta actitud el dictador Maduro rompió relaciones comerciales y diplomáticas con el entonces gobierno de Martinelli.
El expresidente Oscar Arias, de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, acaba de escribir un artículo en el diario La Nación, donde expresa en uno de sus párrafos: “Es hora de sacudir los buenos modales. En Venezuela se están cometiendo violaciones a los derechos humanos y no importa si Maduro se cree líder electo libremente, y no importa si las encuestas reafirman su popularidad, y no importa si algunas de sus políticas sociales supuestamente buscan aliviar la pobreza, y no importa si carecemos de mecanismos efectivos para que la comunidad internacional intervenga: a fin de cuentas, quien suprime a la oposición es un enemigo de la democracia”.
En otro párrafo dice el artículo de don Oscar Arias, “Maduro está persiguiendo a sus opositores con una maquinaria institucional cómplice y corrupta. Su proceder en contra de Leopoldo López, María Corina Machado, varios alcaldes de la oposición e innumerables estudiantes que se han lanzado a las calles para protestar contra el régimen, es un atropello a todo lo que inspira la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y, en general, el ordenamiento internacional de los derechos humanos”.
Así, como el expresidente Arias, deberían expresarse los timoratos presidentes que con su silencio le hacen el juego a la dictadura de Nicolás Maduro. El autor es gerente de Radio Corporación. Excandidato a la Presidencia de la República en 2011.
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