Nemagón sin final feliz

Génesis Hernández Núñez y Saúl Martínez

La odisea empezó en el  2002, cuando 2,400 personas afectadas por el Nemagón, el plaguicida que perjudicó a miles de trabajadores de las plantaciones de banano, llevaron su causa a juicio en el Juzgado de Distrito en Chinandega, aunque muchos no pudieron continuar porque supuestamente no cumplían con los requisitos debidos. Luego, en los casi 12 años que duró el proceso hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia “hicimos marchas a pie desde Chinandega hasta Managua, protestamos ante las diferentes cortes por la desesperación a la que nos sometieron los jueces y magistrados con su justicia tardía, mientras muchos de nuestros hermanos demandantes fallecían sin ver hecha realidad, sus esperanzas de recibir una indemnización de parte de las compañías”, afirmó Luis Valverde, uno de  los miles de afectados.

EL FINIQUITO DE LA DOLE

Pero en el año 2011, nueve años después de haber iniciado el juicio, la Dole Food Company se acercó para negociar con los abogados de un grupo de demandantes, pese a que la empresa no reconoce a nadie como “afectado”. “Estando la demanda en casación, una de las compañías más grandes, la Dole, se presentó ante nosotros a negociar porque era inminente un fallo en contra de ellos y logramos un finiquito por 16 millones de dólares”, recuerda Luis Ángel Castillo, líder de un grupo demandante.

Castillo explicó que “aunque no era una negociación justa porque correspondía a menos del 5 por ciento de lo demandado, con ella dejábamos constancia de que la compañía con mayor capacidad económica aceptaba la culpabilidad de los daños”.

El finiquito fue negociado por el bufete Provost Umphrey que representa a  1,248 afectados y  cuenta con dos abogados en Estados Unidos: Joe J. Fisher y Mark Sparks; dos en Chinandega: Martha Patricia Cortez y Antonio Barnard Zavala (el encargado directo del caso) y también el bufete Obregón & Asociados.

“En Nicaragua solo liquidan los abogados nicaragüenses y en el contrato que tenemos con ellos (Zavala y Cortez) establecimos que se iba a pagar el 40 por ciento de honorarios si la causa llegaba a la Corte Suprema o se ejecutaba fuera del país, entonces de los 16 millones el 40 por ciento son 4 millones 800 mil, que ellos se lo echaron a la bolsa, nos quedaron 11 millones 200 mil dólares, pero de eso solo entregan dos millones y a la mayoría (de afectados) que le correspondían de ocho mil hasta diez mil dólares, lo que nos dan apenas son 990 dólares”, argumentó Castillo.

Respecto a esto, el abogado Jacinto Obregón, director del bufete Obregón & Asociados, explicó que en esa primera negociación lograron que la compañía Dole diera 15.9 millones de dólares para pagarse a un universo de trabajadores de Honduras, Costa Rica y Nicaragua, donde aproximadamente 3,100 personas recibieron indemnización.

Obregón afirma que el sistema de pago no pudo haber sido más transparente porque “nadie recibió el dinero,  lo recibió el Banpro de la Producción y conforme el finiquito que firmaron (los afectados) con la Dole, fue ese banco el que se encargó de entregarle a cada quien su dinero, ese dinero ni lo tocaron los abogados, fue directamente a la cuenta y luego se le rindió cuenta de todos los pagos a la Dole”.

En la negociación “cada trabajador tenía su finiquito en el que se le explicaba que conforme tal afectación, la Dole le va a dar tanto y él firmaba, todo eso se le mandó a la Dole y cuando la Dole ya procesó todo, mandó la plata para el banco, más transparente no pudo haber sido”, puntualiza Obregón.

LA SENTENCIA DE US$806 MILLONES

Pero los 1,248 afectados creen que la “desaparición” de más de nueve millones de dólares que les correspondían no es el problema más grave, sino que el verdadero lío es que desde noviembre del año pasado cuentan con una sentencia, la número 119, por 806 millones de dólares  y sus abogados aún  no la ejecutan.

Valverde explica que “la ejecutoria de una sentencia de este tipo es un cheque para cobrar, entonces no entendemos por qué los abogados nacionales y los abogados en Estados Unidos, los que tienen que ejecutar, no se presentan, ni atienden correos ni llamadas.

La ley nos permite cambiar la representación legal si no está funcionando, entonces le pedimos a los abogados nacionales que cambien el bufete de Estados Unidos para que  ejecuten la sentencia”.

Sin embargo Obregón plantea que no es tan sencillo el caso, pues “una sentencia de ese nivel, de 800 millones de dólares, no es posible ejecutarla en Estados Unidos,  porque en otra ocasión, con otra sentencia, la corte de Estados Unidos resolvió que las cortes en Nicaragua no eran confiables, que no garantizaban los derechos de los demandados, entonces Provost Umphrey contrató unos especialistas para que vieran en todo el mundo dónde es más factible ejecutar la sentencia, se analizaron tratados internacionales y viajaron a varios países  y entiendo que ahorita ya hay uno, pero eso  es investigación, análisis y  también están haciendo números de cuánto les va a costar una demanda de esa envergadura, pero ya está prácticamente en la etapa final”.

Obregón continúa explicando que “no es tan simple y eso es lo que probablemente estos trabajadores no entienden,  están enfocando su mente  en que por qué no la han ejecutado en Nicaragua, pero es que no vas a ejecutar una demanda si no se garantiza que están los recursos con qué pagar, aquí no hay bienes de las compañías, no hay nada sobre qué caer”.

El director de Obregón & Asociados también resaltó que, a pesar de que la sentencia se emitió en noviembre de 2013, la ejecutoria, un documento de 800 páginas, se entregó hasta finales de marzo de este año y  “en menos de un mes ya se puede ver si se mete la demanda (en el país donde se vaya a ejecutar), pero  no es que en un mes (los afectados) van a recibir el dinero”.