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La invasión de colonos a las tierras indígenas y afrodescendientes y la depredación de los bosques en el Caribe, también sigue preocupando a los habitantes de la zona. LA PRENSA/M.ESQUIVEL

Titulación de territorios indígenas en Nicaragua es “papel mojado”

Según las comunidades, los títulos se los dieron únicamente como un espectáculo propagandístico de parte del Gobierno, señaló el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Norwin Solano.

Elízabeth Romero

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La titulación que el Gobierno ha realizado a favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes “es papel mojado”, pues sus territorios pretenden ser afectados con la construcción del canal sin haber consultado a sus autoridades, refirió el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Norwin Solano.

Según las comunidades, los títulos se los dieron únicamente como un espectáculo propagandístico de parte del Gobierno, señaló Solano.

El territorio Rama y Kriol fue el primero en recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el daño a la propiedad que esto les provocará y porque ellos no fueron tomados en cuenta, recordó el abogado del Cenidh que les ha brindado acompañamiento.

Solano señaló que el Gobierno aseguró que en este caso consultaron al Gobierno Regional, pero en este no están representados los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, sino partidos políticos.

Las autoridades indígenas y afrodescendientes del gobierno territorial Rama y Kriol (GTR-K); del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, del Consejo de Ancianos de la comunidad indígena Mískitu de Tasbapounie; y de la Comunidad afrodescendiente de Monkey Point, en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), emitieron un comunicado a través del cual expresaron su preocupación los anuncios sobre la ruta del Canal Interoceánico.

Entre otras cosas porque según el anuncio del Gobierno se plantean realizar un puerto de aguas profundas en la Comunidad Rama de Bankukuk, Punta de Águila, donde se encuentra el reducto principal de los hablantes del idioma Rama; y atravesar con esa ruta parte del Territorio Rama y Kriol y el de la Comunidad Negra, Creole, Indígena de Bluefields, lo que afectaría ambos territorios de manera directa, aunque el impacto general será en toda la RAAS.

“Lo anterior sin habernos entregado la información pertinente y mucho menos realizado un proceso de consulta tendiente a buscar un consentimiento libre, previo e informado; como lo establece la Constitución Política de Nicaragua, y expresamente la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estos últimos suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua, y por ende obligado internacionalmente a acatar”, indican en el comunicado.

También recuerdan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la sentencia del 10 de diciembre de 2013, al pronunciarse sobre el recurso por inconstitucionalidad presentado por las autoridades de estos pueblos y comunidades en contra de la Ley 849, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas; y para desestimar el amparo sostiene que no era tiempo aún de realizar las consulta pero que una vez se tuviera la ruta trazada la consulta se realizaría.

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