QUITO/AFP
Un médico opositor condenado a seis meses de prisión por injuriar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue arrestado en Quito tras permanecer prófugo desde marzo pasado, cuando terminó un juicio penal iniciado en 2011, según indicó el martes el ministerio de Interior.
La cartera señaló a través de su cuenta en Twitter que la Policía “detuvo a Carlos Figueroa, sentenciado a 6 meses de prisión por delito (de) injurias”.
Agregó que la captura se produjo en el norte de Quito.
Además de Figueroa, la justicia ecuatoriana condenó a 18 meses de cárcel al legislador destituido Cléver Jiménez (del movimiento indígena Pachakutik) y a su asesor Fernando Villavicencio. Correa demandó penalmente a los tres opositores por injuriarlo.
Luego de que el máximo tribunal dejara en firme la condena en marzo, los opositores se refugiaron en la apartada comunidad indígena de Sarayaku (200 km al sureste, en la provincia amazónica de Pastaza, fronteriza con Perú), a la que se accede por vía aérea.
Figueroa “estaba delicado de salud, se estaba deteriorando su salud, y por eso estaba en Quito”, manifestó a la AFP su abogado, Julio Sarango, quien confirmó la detención y la tildó de “ilegal”.
Respecto a Jiménez y Villavicencio, una fuente del ministerio de Interior dijo a la AFP que “sigue el proceso de búsqueda”.
Ambos continúan en un área selvática, señaló Sarango, quien también defiende a Jiménez.
En mayo, la Policía de Ecuador ingresó a Sarayaku para arrestar a los tres opositores, pero la acción fue infructuosa debido a la “hostilidad” de personas encapuchadas y armadas, según autoridades.
El ministro de Interior, José Serrano, dijo entonces que los prófugos están “custodiados por grupos armados” de indígenas.
Los aborígenes sostienen que la fuerza pública no puede ingresar a su territorio de unos 2.800 km2, en virtud de que goza de medidas cautelares dictadas en 2002 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro de una sentencia contra Ecuador por violar derechos de los nativos en el marco de actividades petroleras.
Los condenados deberán ir a la cárcel a raíz de una denuncia penal que presentaron contra Correa en 2011 por presuntos delitos de lesa humanidad, cometidos durante un operativo militar que rescató al mandatario de un hospital en Quito durante una rebelión policial en 2010.
La fiscalía desechó la acusación por “temeraria”, tras lo cual Correa inició la demanda y ganó el juicio que derivó en la condena contra los opositores, que alegan que la justicia actuó con sesgo político.