Lucía Vargas C
Las voces de extrabajadores de la Alcaldía de Granada se volvieron a escuchar ayer cuando nuevamente demandaron a la alcaldesa orteguista Julia Mena, cumpla con la sentencia judicial que desde hace dos meses manda al reintegro de una parte de los exempleados y a otros, a que les paguen sus liquidaciones.
Son 45 personas las que están luchando desde hace año y medio para que les paguen, pero de estos, solo 25 han mantenido la lucha de manera organizada, a este grupo le adeudan dos millones de córdobas.
Alfonso Barbosa Ruiz, quien tenía el cargo de analista de cooperación externa, dijo que fue despedido el 21 de enero del 2013. Desde el 5 de mayo de este año, él tiene una sentencia firme del juzgado local civil y laboral de Granada, donde mandan el reintegro a sus labores en iguales condiciones.
En esa sentencia la juez Donaji Meza, manda el pago de trece meses de salarios dejados por un monto de 150,947.94 córdobas, pero esto no ha sido acatado por la alcaldesa Mena hasta la fecha.
En dicha sentencia se lee que los extrabajadores Clarens Pérez Reyes, Wilber Rivera Bermúdez y Marlon Barahona, deben recibir su liquidación respectiva, pero tampoco se ha cumplido.
LA PRENSA trató de conocer la versión de la alcaldesa Julia Mena, a través de la oficina de Relaciones Públicas, pero no hubo respuesta.
SIGUE SUSPENDIDO
María Lourdes Ríos Meza, en representación de su hermano José Tomás Gómez, quien fue suspendido de sus labores de CPF del mercado, en junio del 2011, dijo que lo mandaron de vacaciones en la administración de Domingo Salazar, gerente del mercado en ese tiempo y aún sigue suspendido.
Explicó que a su hermano le deben 355 mil córdobas, hasta enero pasado, en concepto de salarios caídos.
Agregó que la exasesora de la comuna Conny Vargas, lleva el caso de doce extrabajadores y a ese grupo se le adeuda más de medio millón de córdobas, mientras a otro grupo de exempleados casi 400 mil córdobas.
Maricela Moreira, trabajó nueve años en la comuna, era auxiliar contable. Refirió que la despidieron el mismo día que asumió la nueva alcaldesa porque dijeron que su cargo era de confianza. “Tengo una sentencia de la juez que me manda el reintegro a mis labores, pero el asesor legal de manera prepotente me dijo que no me quieren en la comuna y por eso no me van a reintegrar”, señaló la joven, quien pide le paguen su liquidación.
El concejal Félix Vega, del PLI, asegura que en las sesiones ordinarias no se ha permitido a la gente participar, ni mucho menos exponer en puntos varios el tema, pero asegura que los concejales opositores han pedido que se haga el pago. “Si se habla de una alcaldía responsable, se debe cumplir con la restitución de derecho que ellos tanto mencionan en sus discursos, es una vergüenza que han pasado más de 18 meses y no les dan respuesta a pesar que hay sentencia firme a favor de ellos”, dijo.
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