Elízabeth Romero
Los tres sandinistas capturados el domingo en la comunidad Las Pilas, en Ciudad Darío, vinculados por la Policía Nacional con la masacre del 19 de julio continuaban ayer por la noche detenidos de forma ilegal en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Tampoco fueron acusados.
Pese a que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) consiguió a través de un recurso de exhibición personal que el Tribunal de Apelaciones de Managua les nombrara ayer un juez ejecutor, no obtuvieron la libertad.
“La Policía ha caído en detención ilegal, está violentando la ley. Este hecho lamentable (la masacre) no puede servir para la represión”, manifestó la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Es evidente el temor incluso en partidarios del inconstitucional presidente Daniel Ortega, para opinar en público. “No papito, ni quiera Dios que me levanten a mí también por andar hablando”, resumió una mujer de filiación sandinista, quien se negó a brindar su nombre. La mujer dijo que más opositores serán apresados en Darío como sospechosos.
“Nos preocupa porque estos civiles encapuchados sabemos que son del municipio y que andan ya en una persecución política”, comentó por su parte Donald Suárez Trujillo, cuñado de los siete detenidos en el lugar.
Luis Eduardo Martínez
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La defensora de derechos humanos confirmó que además de la entrega tardía del mandamiento por parte del TAM para nombrar como juez ejecutor al abogado Mario Cruz, posteriormente este no pudo ser localizado por ninguna parte.
El juez ejecutor debería personarse ante la DAJ y poner en libertad a los campesinos Gregorio y Juan Torres, así como a Erick Salgado, detenidos desde la noche del 19 de julio, poco después de los acontecimientos del kilómetro 76, en la Carretera Panamericana Norte.
Al caer la tarde de ayer Núñez manifestó que solicitarían un cambio de juez ejecutor y consideró que en un caso que la Policía y la Fiscalía determinen una acusación de los tres arrestados ya “sería fuera de tiempo”.
Los padres de los hermanos Torres, Gregorio Torres y Antonia Espinoza, continuaban ayer frente al portón principal de la DAJ, en reclamo por la libertad de los presos.
Hasta el mediodía de ayer los parientes de los detenidos lograron que la Policía les recibiera alimentos para que fuesen entregados a los detenidos, esta situación provocó el llanto y desmayo de Espinoza.
“Si son sandinistas igual que ustedes, ellos solo quieren saber cómo están sus hijos”, le gritó un acompañante de la familia Torres a los policías cuando observó una sonrisa en los labios de uno de ellos.
EN PALOS DE CIEGOS
“Si la Policía sigue dando palos de ciegos responsabilizando a gente inocente vamos a presumir que ellos están encubriendo a los verdaderos culpables”, manifestó Núñez, quien ha contemplado solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y a lo inmediato, el Cenidh empezará acciones con organismos aliados, como es la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), para solicitar que emitan una carta pública dirigida al presidente inconstitucional Daniel Ortega, para que “se busque a los culpables, se castigue a los culpables, pero que no se victimice a gente inocente”, dijo Núñez.
El abogado Carlos Baltodano, socio de Walter Balmaceda, —conductor del autobús del que descendieron los tres sandinistas detenidos después de haber acudido a la celebración en la Plaza de la Fe, el 19 de julio— y los parientes de los siete miembros de la familia González de Ciudad Darío se sumaron a las personas que en las últimas horas han desfilado frente a la DAJ pidiendo información sobre sus familiares
Baltodano anunció que introducirá un recurso de amparo a favor de Balmaceda, pues en la DAJ le negaron que estuviera detenido allí. Posteriormente el Cenidh informó que los hermanos de Balmaceda, Omar, quien ese día viajó como ayudante del bus, y William, quien conducía uno de los tres vehículos, y un trabajador de este identificado solo como Jorge fueron llevados a declarar.
Por su parte, Tamara González, quien junto con sus hermanas y cuñadas recurrió a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que sus parientes son víctimas de una “persecución política”, pues la mañana de ayer la Policía cateó nuevamente la casa de su padre Sebastián González y de su hermano el concejal Alexander González, uno de los arrestados.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, denunció que hay detenciones ilegales, abuso de autoridad y “brutalidad policial”.
“Aquí la Policía tiene que responder ante esta situación”, manifestó Carmona, tras anunciar que solicitaría información sobre el estado de salud de los detenidos, pues la familia le informó que dos de ellos están enfermos.
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