Elízabeth Romero
“Se hizo justicia”, dijo Tamara González, mientras se tramitaba en la delegación policial de Ciudad Darío la orden de libertad para sus tres hermanos.
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“Buscaban que incrimináramos a alguien de la familia”, dice Roldan Torres, uno de los detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), órgano de la Policía Nacional.
Torres junto a otros ciudadanos habían sido detenidos como sospechosos por la masacre del 19 de julio, donde desconocidos dispararon contra una caravana del FSLN y dejó como resultado 5 personas asesinadas y 19 heridos.
Los liberados este 24 de julio denunciaron en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el maltrato, amenazas y presiones a las que fueron sometidas.
Luis Enrique González asegura que a él le pedían que involucrara a una persona de nombre Leonel Poveda, de la localidad, y que aceptara que un día ellos planificaron la masacre del 19 de julio, ocurrida en el kilómetro 76, en la carretera Panamericana norte.
Giovanni Samir González dijo por su parte que les advirtieron que “mi caso estaba abierto”, que le facilitarían un teléfono para que les investigaran sobre los grupos armados.
Hubo violación a sus derechos, sostiene el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.